* Revisa los ejes del Programa de Gobierno de Marco Enríquez-Ominami, presentado el día de su inscripción a la campaña presidencial 2017

MI COMPROMISO CON CHILE: “GOBERNAR CON RESPONSABILIDAD Y PROSPERIDAD PARA TODOS”

Los países sin memoria pierden su historia y las sociedades que no sueñan pierden su futuro. En el 2011 todos los chilenos marchamos por una sociedad más justa, en la cual el acceso y la calidad de la educación, salud y pensiones, no dependiese del bolsillo, el origen socioeconómico de los chilenos o las oportunidades presentadas durante la vida de cada cual. Se trató de defender la idea de un nuevo “vivir juntos”, una nueva forma de relacionarse, más fraterna y más solidaria.

Este debate se cristalizó en las calles, traduciéndose en movilizaciones que reunieron a padres e hijos, a lo largo de todo Chile. Juntos defendimos el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. A nivel parlamentario y académico, esta misma discusión derivó en el rol que los chilenos querían asignarle al Estado. Lo anterior considerando que nuestra Constitución, que define dicho rol, tiene un sello ideológico muy conservador, según el cual la educación es un bien de consumo y no un derecho inherente a todo ciudadano nacido en Chile.

La discusión sobre el rol del Estado alcanzó otros sectores fundamentales como la salud y el sistema previsional, ámbitos en los cuales Chile destaca por su gran precariedad y crueldad. Nadie puede enfermarse o jubilarse en nuestro país. Todos sabemos que eso conlleva pobreza y soledad, elementos que debiesen avergonzarnos e indignarnos como sociedad.

A partir de este debate, se formularon propuestas y realizaron reformas. Muchas de ellas, aunque bien intencionadas, fueron mal diseñadas y/o implementadas. Faltó debate, consenso ciudadano, y plebiscitos para ratificar cambios que eran demasiado estructurales para ser consensuados entre cuatro paredes, entre otros, por una clase política desgastada, incluyendo actores que pretendieron elevarse como la voz de los “jóvenes de Chile”. Pero sobre todo, faltó un análisis económico acucioso, capaz de definir el complejo equilibrio ingresos-gastos, que estas reformas le significarían a las generaciones actuales y futuras del país.

Hoy los desafíos son múltiples. Debemos hacernos cargos de mejorar estas reformas y volverlas sostenibles en el largo plazo. A su vez, debemos promover la inversión y el crecimiento económico, para devolverle el dinamismo a nuestra economía.

Pero no nos equivoquemos, a pesar de lo que pueda señalar la derecha más conservadora, los chilenos sí eligieron vivir en una sociedad más justa y solidaria, sólo que la prosperidad económica es una condición básica para que ello se vuelva realidad.

En otras palabras, es hora de transformar a Chile en una sociedad altamente industrializada, potenciando el desarrollo de clusters con alto valor agregado, capaces de sostener las reformas implementadas en estos años. Esto significa estrechar lazos con el sector privado, el cual debe asumir que es fundamental someterse a las condiciones de mercado y la competencia. Chile no puede seguir siendo un paraíso de oligopolios, para los mismos de siempre.

Hoy soy candidato a la Presidencia porque tengo la convicción de que es posible avanzar hacia una sociedad en la cual convivan mercado y derechos garantizados. Es hora de que Chile deje atrás los discursos anacrónicos y antagónicos, propios de la Guerra Fría. Creo en la necesidad de un mercado fuerte, regulado por un Estado que represente a todos los chilenos, y no a los socios o amigos del presidente de turno. Creo en la urgencia de avanzar hacia una prosperidad para todos, con sentido de responsabilidad. Pues sería poco realista prometerles a los chilenos que todo cambiará en cuatro años. Sabemos que no es así. Pero lo que sí sabemos, es que los sellos, rumbos y definiciones estructurales, pueden realizarse en un periodo de cuatro años. Luego, será tarea de las generaciones futuras velar por su continuidad.

Porque gobernar es proteger, a continuación presento los principales ejes de mi programa de Gobierno.

Eje 1: Crecimiento económico: ¿cómo garantizar una prosperidad económica para todos?

Eje 2: Seguridad Pública: un derecho esencial de todas las familias.

Eje 3: Nuevo Plan Nacional de Infraestructura: pensando el Chile del futuro.

Eje 4: Desarrollo Integral.

  • Nuevo sistema previsional: porque ser adulto mayor no puede ser una condena.
  • Educación: hacia el fortalecimiento de la educación pública.
  • Minería: un recurso esencial para el futuro de Chile.
  • Política energética sustentable: cómo preservar los RRNN de Chile.
  • Cultura: el pilar fundamental de toda construcción de identidad
  • Seguridad Social: preservando el derecho y la calidad del trabajo.
  • Salud: hacia un sistema de salud integral de calidad.
  • El deporte como política de integración, salud y desarrollo local.
  • Pueblos originarios: reconstruyendo nuestra historia.
  • Inmigración: una nueva forma de integración.
  • Discapacidad

Eje 5: Chile, una República descentralizada, laica y moderna.

  • Mejorar el acceso y calidad de la información.
  • Igualdad de género: promesa incumplida.
  • Nuevo pacto con las regiones.
  • Diversidad sexual: más que un slogan.

Eje 6: El rol de Chile en la región y en el mundo: posicionamiento estratégico.

Mi compromiso es que estos seis ejes permitan avanzar hacia una sociedad en donde prime la meritocracia por sobre la pitutocracia. Necesitamos un Chile en el cual exista movilidad social, económica y cultural. Por ello, me comprometo a respetar nuestra institucionalidad y Estado de Derecho. Me comprometo a velar por el cumplimiento de las normas, garantizando certeza jurídica y la recuperación de la confianza de los inversionistas, y de las comunidades locales que aspiran a participar de mejor y mayor manera, en los procesos de decisión local.

Marco Enríquez-Ominami

EJE 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO:

¿CÓMO GARANTIZAR UNA PROSPERIDAD ECONÓMICA PARA TODOS?

  • DIAGNÓSTICO

Chile inició un ciclo de desaceleración económica en 2013, producto de la desaceleración en Europa, EE.UU y Japón. Lo anterior, pese a experimentar un largo periodo con altos precios de los commodities y bajas tasas de interés que promovieron el consumo.

Lamentablemente, nuestro país no supo aprovechar el precio de los commodities para realizar las inversiones suficientes, de manera que se generaran nuevos clusters y nichos productivos, o para mejorar los problemas de innovación y competitividad. Se trata de un periodo que se podría calificar como década perdida, desaprovechada.

  • PROPUESTA
  • Enderezar la Reforma Tributaria

Terminar con la pobreza y reducir la desigualdad, para ser una nación desarrollada, requiere en todo momento mantener un ritmo de crecimiento económico que permita realizar las inversiones y reformas necesarias para el propósito inicialmente descrito. Así como la mano invisible no se encarga de distribuir la riqueza de forma ecuánime, pues las condiciones de origen entre los ciudadanos de un mismo país no son nunca las mismas, el desarrollo y la superación de la desigualdad no pueden prescindir de un mercado dinámico, con crecimiento sostenido.

Por ello, proponemos las siguientes medidas:

  • Impuestos a las empresas:
  • 0% de impuestos sobre las utilidades reinvertidas hasta 10.000 UF anuales.
  • 35% de impuestos sobre las utilidades que excedan las 10.000 UF anuales.
  • Transitar hacia un sistema único de renta integrado.
  • Impuesto a la renta de personas
  • Crear un nuevo tramo para las rentas sobre las UF 30.000 anual, aplicando una tasa de 40% para los ultra ricos.
  • Eliminar el FUT histórico empleado para las viviendas y casas de veraneo e inversiones en el extranjero. Este debe ser retirado para que estos activos paguen una tasa de 40% que eludieron en su tiempo.
  • Reducir el impuesto de Timbres y Estampillas de 0,8% a 0,1%.
  • Modificar el royalty minero, de manera que se pague a partir de las 2.000 toneladas en vez de 12.000, según la tasa aplicada a la gran minería.
  • Reformar la Ley de Herencia: eximir de los impuestos a la herencia a la cónyuge.
  • Reducción gradual de los aranceles, alcanzando el 1% en 5 años.
  • Impuesto a los combustibles: Igualar el impuesto al diésel y a la bencina en 6UTM/M3.
  • Garantizar la devolución del impuesto específico al diésel, específicamente del 50% a la industria y la minería.
  • Garantizar la devolución del impuesto de primera categoría a los fondos de pensiones.
  • Retasar las propiedades agrícolas, rurales, industriales y urbanas.
  • Permitir el ingreso de recursos que no hayan tributado en Chile, pagando por una única vez, un 10%. Se trataría de un segundo perdonazo.
  • Crear un impuesto de un 1% para las exportaciones mineras, que permita financiar el Fondo Permanente para Enfrentar las Catástrofes (FONCAS).
  • IVA diferenciado. Más bajo para la canasta básica de alimentos, libros e internet, entre otros, y un punto más alto para el resto de los bienes y servicios.
  • Plan de Inversión contra cíclico

Desaceleración

Chile experimentó un proceso de desaceleración económica persistente, que se reflejó en:

  • Un crecimiento económico proyectado que pasó de 2.2% a 1.6% para el 2016, según cifras del FMI.
  • Una tasa de desempleo que alcanzó el 7% este año (después de haber alcanzado un 5.7% a fines de 2013).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI.

Evidentemente el gobierno de Piñera se vio beneficiado por la actividad económica post terremoto, sin que se hayan implementado medidas tendientes a modificar la matriz productiva de Chile y mejorar la política en CyT y I+D, única capaz de mejorar la productividad total de los factores.

Propuestas

Cualquier política económica tendiente a recuperar la senda del crecimiento sostenible, debe trabajar en dos dimensiones:

  • Corto plazo:
  • Se propone desarrollar un Plan de Inversión Pública-Privado, de carácter contra cíclico, en infraestructura, específicamente en educación y salud, que tenga efectos en el corto plazo, es decir en no más de dos años.
  • Este Plan de Inversión, de 6.000 millones de USD, se traduciría en licitaciones (no concesiones) en infraestructura en educación y salud pública, específicamente en la construcción de consultorios y hospitales públicos, revirtiendo lo que ha sido la política de concesiones de la gestión en los hospitales públicos, a la fecha.
  • Sabemos que un hospital puede costar aproximadamente 200 millones de dólares, según su nivel de complejidad. Este Plan de Inversión permitiría la construcción de 20 hospitales de alta complejidad en todo Chile. Lo anterior, considerando una asignación de 4.000 millones de USD a infraestructura en salud y otros 2.000 millones a infraestructura en educación, específicamente destinados a los liceos públicos.
  • La ventaja de esta medida contra cíclica es la posibilidad de incentivar, en una alianza público-privada, la demanda y consumo interno. Es decir, es el Estado quien decide la focalización del gasto, empujando la contratación y aumento de empleo, vía ejecutores privados, considerando que el Ejecutivo no tiene cómo desarrollar infraestructura, hoy en día.
  • Para financiar este proyecto, se utilizaría parte del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), lo cual supondría, a la vez, diseñar un plan de estabilización de manera que hacia el 2010, este recupere paulatinamente sus niveles históricos de los últimos años.
  • Mediano Plazo:
  • Chile debe reformar su Sistema Nacional de Innovación y Competitividad, tema pendiente y que ha sido objeto de múltiples promesas por parte del gobierno de Sebastián Piñera y Michele Bachelet.
  • Se propone crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología (CyT), que absorba las funciones de Conicyt, de la División de Innovación del Ministerio de Economía (Minecon) y de Innova Chile, entre otros. El actual Departamento de Becas de Conicyt, por su parte, deberá permanecer en Mineduc. A su vez, Minecon se transformará en un Ministerio de I+D, a cargo de promover el desarrollo de las Pymes y de simplificar los instrumentos de fomento productivo.
  • Reconocer Internet como un servicio básico, lo cual implica control de precios a través de decretos tarifarios, tal como ocurre actualmente con el agua potable y la electricidad.
  • Se propone crear un subsidio para la contratación de los primeros empleados (Contrato Primer Empleo, cuyas siglas serían CPE), enfocado en los recién titulados y las mujeres dueñas de casa que deseen trabajar.

EJE 2. SEGURIDAD PÚBLICA: UN DERECHO ESENCIAL DE TODAS LAS FAMILIAS

  • DIAGNÓSTICO

La delincuencia constituye una las principales preocupaciones de la ciudadanía. Esta problemática aparece sistemáticamente dentro de las principales preocupaciones de los chilenos, cualquier sea la encuesta observada (52% de los encuestados de la última CEP, de diciembre 2016, considera que la delincuencia es el principal problema del país).

Lo anterior se condice con la percepción en materia de delincuencia a nivel nacional. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2016, un 85% de los encuestados considera que la delincuencia aumentó en los últimos doce meses, respecto al 71,2% en 2013. Lo anterior es solo comparable al aumento en la percepción de delincuencia, observado durante el gobierno de Piñera, entre 2010 y 2011, cuando esta pasó de 60,2% a 82.6%, es aumentando más de 20 puntos en un año.

A su vez, el aumento en los niveles de percepción de delincuencia dice relación con el análisis del índice de victimización de hogares. En efecto, según la misma ENUSC, el índice de victimización de los hogares aumentó de 22.8% a 27.3%, entre 2013 y 2016. Si bien lo anterior representa un alza estadísticamente significativa, sigue siendo inferior al índice de victimización del año 2011, de 28.8%, durante el gobierno de Piñera. Pero lo cierto es que la población resiente el aumento en el índice de victimización, razón por la cual su percepción de inseguridad aumenta.

No obstante, cuando se analiza el índice de victimización personal y no nacional, es decir las personas específicamente víctimas de robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones, la ENUSC señala que el índice de victimización personal pasó de 7.4% a 9.6%, entre 2013 y 2016, cifra idéntica al índice de 2010, de 9.6%. Es decir que eso podría explicar el sentir ciudadano.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre regiones, a nivel de seguridad pública. Mientras que en Magallanes, el 9.6% de los hogares fue víctima de un delito durante el 2016, en la región de Tarapacá asciende al 38.2%.

Por tanto, pareciera ser que Chile requiere de una nueva política de seguridad ciudadana, multidimensional, que permita superar el estancamiento observado en los índices de victimización de estos últimos años, a la vez que adaptarse a los nuevos formatos de delito. Si bien se observa una baja considerable en los últimos diez años, de más de 20 puntos según la ENUSC, se requiere un nuevo enfoque hacia el futuro, puesto que la política carcelaria como única solución no ha mostrado los efectos esperados.

Cabe destacar que Chile aún no cuenta con un sistema de evaluación de impacto ex antes y ex post, que permita evaluar programas de seguridad ciudadana.

  • VISIÓN PROGRESISTA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

El modelo de seguridad ciudadana desarrollado en nuestro país ha privilegiado un modelo de tipo policía-justicia-prisión, sin que se haya logrado reducir los índices de criminalidad ni la percepción de inseguridad. Las consecuencias son una sobrecarga del sistema carcelario y un aumento del contagio criminógeno, es decir el efecto inverso de lo buscado.

Peor aún, se observa una baja en la tasa de detención de los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), lo cual sugiere la urgencia de revisar las estrategias de intervención en las zonas de ocurrencia del delito.

Un enfoque progresista implica asumir un cambio drástico en esta mirada, entendiendo la seguridad ciudadana como derecho fundamental e incorporando la prevención, rehabilitación y reinserción, al mismo tiempo que el control, como variables fundamentales.

  • PROPUESTAS: NUEVO PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA
  • Reducir los factores de riesgo construyendo comunidad

La prevención primaria tiene por objeto incidir en los denominados factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que un sujeto cometa un delito, como por ejemplo los factores socioeconómicos (salud, educación, vejez, violencia familiar, etc.).

Por ello resulta fundamental:

  • Transitar hacia una sociedad en la cual el Estado garantice el acceso, equidad y calidad en salud, educación, vivienda y vejez digna.

No se puede pretender reducir drásticamente los niveles de victimización sin replantearse el sistema de salud, educación, sistema previsional y habitacional, que tienen un efecto directo y demostrado sobre la ocurrencia del delito.

  • Crear un Programa de Seguridad Ciudadana Comunitario, cuya unidad de intervención no sea únicamente barrial, sino también comunal. Se implementarán en aquellas comunas y barrios de mayor vulnerabilidad e índices de victimización. Este programa deberá desarrollar al menos cuatro componentes:
  • Que cada colegio y sala cuna cuente con una Estrategia de Prevención contra los abusos de todo tipo, ya sea entre pares o por parte de terceros.
  • Que cada colegio y sala cuna pública cuente con una Unidad de Atención para alumnos o menores con síntomas de violencia intrafamiliar o abandono de cualquier especie, de manera de generar un vínculo con las asociaciones correspondientes y ser el puente entre las instituciones y el menor.
  • Que cada comuna desarrolle una Oficina de Atención y Mediación, permanente, para mujeres víctimas de violencia, pero también para adolescentes o adultos mayores que requieran atención y orientación, para posteriormente ser enviados a los centros correspondientes.
  • Que cada comuna que cuente con este programa financie al menos cuatro proyectos culturales, comunitarios, permitiendo que la cultura actúe como factor de prevención y cohesión e identidad.

Este programa deberá trabajar conjuntamente con la población y las instituciones locales, particularmente la Policía, la justicia y escuelas. El objetivo de este programa es reconstruir el tejido social.

  • Reducir la segregación urbana y mejora la calidad de vida

Proponemos garantizar que las viviendas sociales nuevas y que se hayan entregado en los últimos cinco años, cumplan con condiciones mínimas de seguridad (ventanas, puertas solidas, con chapas, etc.), además de garantizar metros cuadrados de áreas verdes por persona.

A su vez, nos comprometemos a aumentar la cobertura del programa Quiero Mi Barrio, para recuperar los espacios y áreas verdes en los barrios vulnerables, de manera participativa.

  • Crear una Política Nacional de Rehabilitación y Reinserción

La sanción judicial y carcelaria tiene un impacto negativo en los procesos de rehabilitación y reinserción de la población condenada por delitos. Por un lado, la sanción produce antecedentes judiciales que operan como un estigma. Por otro lado, la experiencia carcelaria refuerza el proceso de exclusión que se encuentra en el origen del delito.

Propuestas:

  • Combatir la delincuencia significa también evitar la reincidencia en materia delictual. Por ello, proponemos mejorar las condiciones carcelarias en términos de hacinamiento, condiciones sanitarias y de higiene, entre otros. Para ello se realizará un diagnóstico actualizado e integral sobre las condiciones y el régimen penitenciario a nivel nacional, de manera que se formulen propuestas para el fortalecimiento institucional del sistema penitenciario, y la gestión interna de los recintos carcelarios.
  • Mejorar la empleabilidad de las personas que cumplieron sus penas. El 50,2% de las personas privadas de libertad tiene sólo Educación Básica y un 45,5% tiene algún nivel de Educación Media. Por ello proponemos crear Unidades de Recuperación Escolar, para poder nivelar, en términos escolares, a las personas privadas de libertad, que así lo deseen, y mejorar sus posibilidades de empleabilidad.
  • Diferenciar según la reinserción de mujeres madres y sostenedoras de su hogar.

El número de mujeres reclusas en sistema cerrado aumentó en 99.1% entre 2005 y 2012, pasando de 2.322 a 4.622. Las consecuencias sociales que genera el encarcelamiento de la mujer son más graves, puesto que el 86,4% de las mujeres recluidas declara tener al menos un hijo. Por tanto, la reclusión de una mujer madre tiene un impacto directo en la crianza, apoyo emocional y económico de su(s) hijo(s). Es una realidad de la cual el Estado debe hacerse cargo para reducir el contagio criminógeno y ofrecer alternativas de vidas a esas familias, sin estigmatizarlas.

EJE 3. NUEVO PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA:

PENSANDO EL CHILE DEL FUTURO

  • DIAGNÓSTICO

Chile tiene grandes desafíos en términos de infratesructura que afectan todos los ámbitos del quehacer nacional, no sólo en términos de desarrollo económico, sino en materia de conectividad al interior del país y, por tanto, de seguridad nacional.

  • PROPUESTA
  • Programas de Infraestructura 2025

En materia de infraestructura, proponemos:

  • Conectividad: se propone evaluar la construcción de trenes de mediana velocidad, para los tramos Arica-Iquique, Antofagasta-Calama, Santiago-Valparaíso y Santiago-Concepción, que pasa por Rancagua, Curicó, Talca y Chillán.
  • A su vez, siendo realistas y responsables, proponemos la construcción de 20 hospitales, además de mejorar el estándar de la red pública actual, renovando camas de hospitales, entre otros.
  • Por otra parte, proponemos destinar 100 millones de pesos a cada liceo público, con el objetivo de mejorar su infraestructura.
  • Desarrollar el Túnel Internacional Agua Negra, que conectará Chile y Argentina, desde la región de Coquimbo hacia la provincia transandina de San Juan. Esto para potenciar la conectividad y el desarrollo económico y turístico con nuestros vecinos.
  • ¿Cómo alcanzar estos objetivos?

Los progresistas no tenemos complejos ni con el Estado ni con el mercado. Por el contrario, es rol y deber de todo gobierno promover e incentivar la inversión pública en infraestructura.

Distinta es la gestión de los denominados servicios públicos básicos, que no debiese ser concesionada. Por ello, nos preocuparemos de realizar alianzas con el sector privado para licitar la construcción de trenes de alta velocidad o evaluar la posibilidad de inversiones mixtas.

Sin embargo, como señalamos anteriormente, la construcción de los hospitales estará a cargo de privados pero su gestión la hará el Estado. En efecto, después de lo ocurrido en el Hospital La Florida, queda en evidencia que una empresa que maximiza su utilidad no puede velar por la salud pública, contrariamente a lo que defiende cierta derecha que considera que tanto la educación como la salud son bienes de consumo. El Estado no está en condiciones, hoy en día, de construir un hospital, pero sí de gestionarlo.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

Nuevo Sistema Previsional: ser adulto mayor no puede ser una condena

  • DIAGNÓSTICO

Según la última Encuesta Casen, Chile tiene 2.885.157 adultos mayores, los cuales, en su gran mayoría, se encuentran en un estado de gran precariedad.

Entre quienes tienen más de 65 años, sólo el 56,5% recibe jubilación, entendiendo por ello retiro programado, renta vitalicia, pensión de invalidez, montepío y pensión de orfandad, o Jubilación más Ahorro Previsional Solidario (APS).

El 25,8% de los mayores de 65 años reciben únicamente, ya sean la Pensión Asistencial(PASIS) o la Pensión Básica Solidaria (PBS) (vejez o invalidez).

Por último, el 17,7% de los adultos mayores se encuentra fuera del sistema y no accede a ninguna jubilación o pensión.

Esta situación ha empeorado con los años, puesto que el porcentaje de adultos mayores que recibe jubilaciones ha disminuido, teniendo el Estado que se hacerse cargo de los bolsones de pobreza creados, productos del deficiente sistema previsional chileno.

De esta forma, la pensión promedio en Chile es de 206.000 pesos (Información de la SAFP al 31 de diciembre de 2016. Se consideran todos los tipos de pensiones).

  • MITOS SOBRE LAS AFP

El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AGFP) se creó para:

  • Reducir el gasto público en materia previsional:

Sin embargo, aparte de soportar el alto costo de la transición (financiamiento de las pensiones del sistema antiguo y de los bonos de reconocimiento), el Estado ha debido solventar el costo creciente de la previsión de las FFAA y de Orden.

A esta situación se ha sumado el financiamiento del Pilar Solidario creado por la Ley 20.255. Hoy, el gasto público en materia previsional está muy distante de la promesa hecha en 1980, en orden a que la capitalización individual sería capaz de auto sustentarse y aliviar significativamente la carga fiscal.

De manera general, el Estado gasta aproximadamente 1.5% de su PIB, entre “jubilaciones, pensiones y montepíos” de beneficiarios de las Fuerzas Armadas, además del Pilar Solidario.

Por tanto, el sistema de las AFP no es eficiente puesto que no garantiza una pensión promedio al menos superior al sueldo mínimo, y además, supone un costo para el Estado de más de 1,5% del PIB anual.

  • Mejorar la tasa de reemplazo

Este objetivo inicialmente declarado por José Piñera, en los años ochenta, tampoco se cumplió, puesto que está establecido que las tasas de reemplazo no superan el 40%.

Otros problemas asociados a las AFP:

  • Comisiones y costos de administración superiores a los asociados a portafolios de inversiones.
  • Ausencia de co-responsabilidad en caso de mala gestión. En el año 2011, la rentabilidad real de los fondos A en promedio, considerando todas las AFP, fue de -11.13%, mientras que estas tuvieron una rentabilidad de aproximadamente 400 millones de USD, cifra que refleja que en ningún caso las AFP asumen las pérdidas asociadas a malas colocaciones.
  • PROPUESTA PROGRESISTA
  • Tener una jubilación que permita vivir dignamente es fundamental desde dos perspectivas:
  • Económica: Permite reducir los bolsones de pobreza en la tercera edad y fomentar el consumo, a la vez que alivia la carga de las generaciones más jóvenes que deben financiar hijos en periodo escolar y padres con malas jubilaciones.
  • Social: La jubilación digna es derecho, no un favor.
  • Se propone transitar hacia un sistema de tipo mixto, público-privado, en el cual:
  • Coexistan, adicionalmente al Pilar Básico Solidario (para los que están fuera del sistema), un Pilar de Reparto y un Pilar de Capitalización Individual.
  • El empleador tendría que cotizar un 5% adicional del ingreso imposible del trabajador. Lo anterior significa que la cotización obligatoria pasa de un 10% a un 15% del sueldo bruto imponible.
  • El Estado, a través del Pilar de Reparto, captaría un porcentaje de la cotización individual obligatoria, de al menos 5%. El resto será administrado por Sociedades Anónimas reguladas, nuevo formato para las actuales AFP.
  • Nuevas AFP reguladas:
  • Las AFP pasarán a ser Sociedades Anónimas reguladas.
  • Se deberá establecer un sistema de co responsabilidad, en caso de mala gestión, por un periodo superior a los tres meses.
  • Se crearán fondos que tengan como principal característica ser inversiones con alta rentabilidad social, de manera de que los trabajadores puedan invertir, por ejemplo, en infraestructura nacional.
  • No se expropiarán los fondos actualmente disponibles en las AFP. Vale decir que los trabajadores continuarán manejando sus fondos actuales, pero en las nuevas sociedades anónimas reguladas.
  • El IPS se hará cargo de la administración del sistema de reparto por crear, lo cual no significa gastos adicionales para el Estado.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

Educación: hacia el fortalecimiento de la educación pública

  • APROXIMACIÓN AL DEBATE

Para quienes apoyamos el impulso reformador de Bachelet, el Gabinete y en particular antiguos dirigentes estudiantiles, a cargo de desarrollar la reforma en materia de Educación, la improvisación que lamentablemente mostraron, no sólo terminó dañando este impulso social que gozaba de un amplio consenso público, sino que puso en tela de juicio la capacidad del Estado para desarrollar otras reformas.

Quizás la primera debilidad fue la incapacidad de plantear un debate profundo y esencial como “el rol del Estado en la educación”.

A continuación, se presentan algunos de los que consideramos deben ser los principales ejes de una política pública en educación, cuyo objetivo central sea mejorar el acceso, equidad y calidad de la oferta pública.

  • DIAGNÓSTICO

En Chile, a partir de los años 80, la educación dejó de inspirarse en valores humanistas y pasó a ser gobernada por la lógica mercantilista de una economía social de mercado.

De esta forma, la educación pasó de ser un derecho garantizado por el Estado, a un servicio que opera bajo las leyes de compra y venta como bien de consumo.

  • Desde el punto de vista de la gestión, se instaló un modelo basado en la competencia entre escuelas, es decir colegios que compiten por conseguir alumnos y recursos; en función de los puntajes obtenidos en un sistema de medición estandarizado, SIMCE, que no hace más que cristalizar la desigualdad de origen.
  • Por tanto, el diseño del sistema nacional de educación ha descansado en un modelo de mercado, más propio a una transacción de un bien de consumo, que a lo que se entiende por un sistema de educación integral, capaz de cubrir cinco áreas fundamentales:
  • Ética.
  • Estética
  • Desarrollo emocional.
  • Desarrollo intelectual.
  • Desarrollo físico.

Por su parte, el Ministerio de Educación, lejos de guiar el debate nacional sobre Educación Integral y el rol del Estado, se ha limitado y ha actuado como ente de administración de recursos y subvenciones.

  • ¿QUÉ CHILE QUEREMOS?

Antes de mencionar propuestas o soluciones, parece razonable abrir el debate en torno a dos elementos:

  • ¿Qué entendemos por Educación Integral? o dicho de otra forma, ¿qué entendemos por acceso, equidad y calidad en educación?
  • Una vez respondida la pregunta anterior, ¿cuál sería el rol del Estado a la hora de garantizar o no, el derecho a esa educación?

Los Progresistas consideramos que, lamentablemente durante este periodo presidencial, no se debatió sobre lo anterior.

  • ¿Qué entendemos por acceso, equidad y calidad en educación?

Para los progresistas, la Educación debe ser integral, entendiendo por ello una educación que debe velar y abarcar cinco criterios:

  • Ética.
  • Estética
  • Desarrollo emocional.
  • Desarrollo intelectual.
  • Desarrollo físico.

Lo anterior significa cambiar de paradigma ya que actualmente, la educación está basada en la fragmentación del conocimiento, en función de disciplinas, lo cual se traduce en inyecciones de material pedagógico, sin que los alumnos aprendan a pensar, interrelacionar, desarrollar habilidades blandes, analíticas, etc.

  • ¿Cuál sería el rol del Estado a la hora de garantizar o no, el derecho a esa educación?

Para los Progresistas, el Estado debe garantizar el derecho al acceso, equidad y calidad al menos en las universidades estatales y liceos públicos. Por lo tanto, la primera prioridad es fortalecer la oferta pública.

Respecto a las escuelas particulares subvencionadas, creemos que estas deben cumplir con los requisitos que establezca el Estado, como por ejemplo:

  • Directorios con presencia de representantes del Estado.
  • Desmunicipalización

Respecto a las universidades privadas, en caso de que se decida que el Estado financie diferentes proyectos educativos (como la PUC por ejemplo), los Progresistas consideramos que, al igual que para los particulares subvencionados, estas instituciones deben garantizar el cumplimiento de una serie de requisitos, por ejemplo:

  • Garantizar enseñanza de técnicas como el aborto terapéutico, aunque contravenga las creencias religiosa específicas.
  • Contar con acreditación en pregrado, post grado e investigación y extensión, es decir, por nivel.
  • PROPUESTAS

D.1 En materia de Educación Superior, proponemos

  • Gratuidad Educación Superior

Creemos que el Estado debe garantizar el derecho a acceder y estudiar de manera gratuita, en una universidad Estatal o Pública, conforme a la definición anterior, de primera calidad.

La gratuidad no distingue entre tipos de estudiantes, toda vez que los derechos que otorga el Estado no distinguen entre tipo de familias de origen, color de piel u religión de estudiante. Es un derecho inherente al estudiante chileno, y que no es función del padre, tío u abuelo. En ese sentido, continuaremos con el porcentaje comprometido por el actual gobierno.

  • Acreditación

Considerando que el Estado debe garantizar un mismo nivel y contenido de educación, consideramos que la acreditación tiene que ser obligatoria y vinculante, vale decir que de no obtenerla, la institución no está facultada para impartir enseñanza y debe transformarse en un CFT o IP.

  • Tipos de acreditaciones:

Se propone crear tres nuevos tipos de acreditación, según el nivel académico:

  • Tipo 1: su obtención es obligatoria para impartir cursos de pregrado.
  • Tipo 2: su obtención es obligatoria para impartir cursos de postgrado.
  • Tipo 3: su obtención certifica el desarrollo de líneas de investigación.
  • Proceso de acreditación:

Las acreditaciones tienen una duración de 10 años. Sin embargo, la CNA-Chile deberá evaluar anualmente el cumplimiento de los requisitos del tipo de acreditación solicitada.

Adicionalmente y posterior a los 10 primeros de acreditación, ya sea de tipo 1 ó 2, la universidad se vería en la obligación de obtener una tercera acreditación, tipo 3, que certifica el desarrollo de líneas de investigación. Esto permitirá incentivar el desarrollo científico y tecnológico universitario.

D.2 En formación docente

Una de las claves en materia de educación está en el desarrollo y crecimiento de los docentes. Una buena educación depende fundamentalmente de lo que haga el profesorado.

Todo profesor debe contar con las competencias personales y profesionales, y los niveles de confianza y autonomía necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

Por ello, nuestro compromiso es:

  • Fortalecer la formación docente. Lo anterior supone hacer grandes esfuerzos para mejorar la formación inicial de los docentes (alfabetización digital), por lo que es necesario asegurar una formación integral, vale decir ética, intelectual, corporal, estética, artística y social, lograr un sentido del valor de la profesión docente reforzando el propósito moral de la educación. También es necesario estimular la formación de postgrado.
  • Generar las facilidades para la formación continua. La experiencia docente en el aula genera constantes, nuevas y diversas necesidades que no se consideran en la formación inicial. Proponemos generar un sistema de consulta permanente para articular estas demandas con ofertas de desarrollo profesional.
  • Establecer un nuevo diálogo con los docentes. Como parte de este diálogo, proponemos un gran acuerdo para establecer un nuevo marco regulatorio de la profesión docente, que incluya la definición de quien imparte la carrera de profesor, integre a los profesores y asistentes de la educación pública – estatal y particular – bajo un mismo régimen jurídico y laboral, y enfrente las demandas de la deuda histórica, dentro de un marco más amplio de una política de jubilaciones más justas.
  • Mejorar las condiciones del trabajo docente. Esta propuesta incluye reducir y flexibilizar la malla curricular y los contenidos por asignatura; optimizar las condiciones de trabajo reduciendo el número de alumnos por profesor hasta lograr un máximo de 25 alumnos por cada uno; elevar la remuneración adecuada a las particularidades de la función docente y comparable con los niveles alcanzados por otras profesiones mejor remuneradas, con el fin de atraer los jóvenes más talentosos a la carrera docente; establecer un nuevo sistema de remuneración asociado a la formación académica y a la formación a lo largo de la vida profesional de los docentes, y equilibrar estabilidad laboral con requerimientos de evaluación de desempeño.
  • Desarrollar una nueva carrera magisterial centrada en el aula. Esta nueva carrera debe tener una funcionalidad horizontal de manera que el buen profesor se mantenga en el aula y no se transfiera a la administración. En particular, se debe establecer una carrera que permita un avance salarial significativo en función de:
  • Desempeño pedagógico
  • Formación permanente
  • Formación académica
  • Experiencia
  • Desempeño administrativo
  • SOBRE EL CAE

E.1 Historia

La Constitución de Pinochet entiende la Educación Superior como un bien de consumo, transable y adquirible tras el pago de matrículas y aranceles.

En un inicio, sin perjuicio que las personas debían financiar directamente la educación que desearan adquirir, el Estado decidió apoyar monetariamente a quienes lo “merecieran”. El Gobierno entregó becas y créditos a estudiantes que acreditaran excelentes rendimientos académicos o precariedad económica del grupo familiar.

El mercado de la educación superior se expandió rápidamente. En 2005, el arancel promedio de las universidades estatales era de aproximadamente 1.572.000, el más alto de América Latina y el quinto más alto de los países de la OECD. Mientras que Argentina, Brasil, Cuba, Guatemala y Venezuela, mantenían un sistema gratuito de educación superior.

En 2005, el gasto en educación era dek 14% del presupuesto fiscal, versus 24% en los países de la OECD.

El Crédito con Aval del Estado (CAE) nace para aumentar la cobertura en educación superior, sin que se cuestione el rol del Estado como garante de ese derecho y lo que ello significara. Se aprobó en junio de 2005.

Se trataba de préstamos entregados por bancos comerciales, para financiar programas de educación superior.

E.2 Propuesta

Proponemos:

  • Sacar a los bancos del financiamiento estudiantil.
  • Para ello, se propone que el Estado sea quien entregue los créditos, sin tasa de interés, aunque sí cobrados en UF para suplir el efecto PPA.
  • No se puede condonar la deuda del CAE, debido a que equivale a más de 8.000 millones de USD, pero sí se pueden condenar las multas y intereses desmesurados.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

Minería: un recurso esencial para el futuro de Chile.

  • DIAGNÓSTICO

En la actualidad, el impuesto a la minería, dependiendo del nivel de producción, se aplica sobre la renta imponible operacional, en base al margen operacional minero, que, a su vez, representa el porcentaje de la renta imponible operacional respecto del ingreso operacional.

Este impuesto se encuentro vigente desde el año 2010. No obstante, estas nuevas tasas son voluntarias para los explotadores mineros que hayan suscrito un contrato de invariabilidad tributaria.

  • PROPUESTA
  • Royalty a la extracción, de:
  • 0,5% hasta las 12.000 toneladas métricas extraídas.
  • 1% entre las 12.000 toneladas métricas y las 25.000 toneladas métricas extraídas.
  • 1, 5% sobre las 15.000 toneladas métricas de extracción.
  • Impuesto de 1% a las exportaciones mineras, para financiar el Fondo Permanente para enfrentar las Catástrofes (FONCAS). Este busca prevenir y reconstruir en caso de catástrofes. Permitiría recaudar unos 400 millones de USD anuales.
  • Hacer cumplir el espíritu de la Constitución Política del Estado otorgando la primacía del Estado de Chile, sobre los recursos minerales y del sub suelo.
  • Lo anterior significa revisar y derogar el actual Código Minero y substituirlo por una Nueva Ley Minera de la República.
  • Revisión y modificación de la actual ley de gobierno corporativo de CODELCO redefiniendo su misión como empresa rectora del sector cobre con carácter estratégico, estableciendo su autonomía financiera respecto al Ministerio de Hacienda.
  • Elevar el porcentaje de CODELCO en la minería del cobre a un nivel no inferior al 50%
  • Establecer estándares éticos de desarrollo.
  • Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Minería del Cobre y la ENAMI.
  • Fomentar los proyectos de autoabastecimientos energético, para las pequeñas y medianas empresas de la minería.
  • Fomentar el uso eficiente de energía para enfrentar los temas de suministro y cambio climático (transitar de la lógica: “más vendo más gano” hacia la lógica “mejor usamos la energía más ganamos todos”).
  • Eliminar la Ley Reservada del Cobre.
  • Potenciar el rol de COCHILCO
  • Transformar a ENAP en una empresa multinacional de Chile relacionada con el petróleo y sus derivados.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

Política energética sustentable: ¿cómo preservar los RRNN de Chile?

  • DIAGNÓSTICO
  • Chile reafirmó el compromiso voluntario de Chile de reducir en un 30% sus emisiones para el 2030 (desviación de 30% por debajo de trayectoria de crecimiento actual de emisión de CO2), según “el apoyo que se reciba de la comunidad internacional”.

Sin embargo, se trata de un compromiso débil, a pesar de que nuestro país produce el 0,25% de las emisiones mundiales.

  • LO QUE PROPONEMOS LOS PROGRESISTAS
  • Promover la desinversión en combustibles fósiles y la reinversión en energías renovables y soluciones climáticas limpias y eficientes.
  • Liderazgo de Chile a nivel internacional:

El compromiso de Chile no solo debe traducirse en una reducción de emisiones, sino que debiésemos ser un articulador de un discurso latinoamericano, a favor del ecosistema y la reducción de emisiones, por parte de toda la región. Lo anterior atendiendo que los compromisos adquiridos difieren según el desarrollo económico del país.

  • Nueva Constitución que garantice la biodiversidad, economía sustentable; derechos de segunda y tercera generación.
  • A su vez, Chile debiese liderar la presión latinoamericana para que EEUU reconsidere su política medio ambiental y si no, buscar nuevos socios comerciales en Asia.
  • En materia de Agua
  • El análisis sobre la utilización de los recursos naturales como factor de producción, no suele considerar que, pasado un determinado umbral de explotación, la recuperación de este recurso se vuelve irreversible o de altísimo costo.
  • Es más, si todas las cuentas nacionales incorporarán en su cálculo del PIB nacional, el uso de los recursos naturales, las cifras de crecimiento podrían transformarse en recesión, debido a la utilización intensiva de estos recursos. Por lo mismo se requiere pensar en un desarrollo sustentable y en un horizonte temporal que combine generaciones presentes y futuras.
  • Chile ha sufrido de periodos recurrentes y prolongados de sequía. En particular, nuestro país necesita aumentar su superficie de riego, así como mejorar la eficiencia en el uso del agua, que es baja.

Aguas superficiales

A continuación, se detallan los principales recursos hídricos con los que cuenta Chile, incluyendo el agua salada:

  • 8.000 km de costa;
  • Más de 3.900.000 km2 de Espacios Jurisdiccionales Marítimos.
  • 11.452 km2 de Lagos y Lagunas.
  • 24.114 Cuerpos de Hielo.
  • 23.641 km2 Superficie Estimada de Glaciares.
  • 4.200 km2 Campo de Hielo Norte.
  • 13.000 km2 Campo de Hielo Sur.
  • 97 Cuencas Hidrográficas.
  • 34 Ríos Transfronterizos.

Chile es por tanto privilegiado es su dotación hídrica. Sin embargo, esta es muy desigual pues la mayoría de los lagos de mayor tamaño se concentran en dos regiones, las cuales representan el 1,5% del territorio nacional.

Uso del agua en Chile

En Chile, se utilizan 4.710 m3/s de agua al año, de los cuales el 89% corresponde a usos no consuntivos y el 11% a usos consuntivos (es decir a usos extractivos, vale decir que extraen el agua de su lugar de origen). Respecto al uso consuntivo del agua, el 73% corresponde a la agricultura de riego (1.100.000 hectáreas que representan el 40% del área cultivada), el 6% al uso doméstico que abastece a la población, el 9% a la minería 9 y el 12% a la industria.

Por su parte, la relación extracción/disponibilidad de agua es dispar entre regiones, siendo favorable hacia el sur y desfavorable hacia el norte.

Figura 1: Disponibilidad y extracción de agua por región, en Chile

Medidas que adoptaremos los progresistas

  • Nuevo Código de Agua.
  • Garantizar la participación del Estado en la distribución del agua, vía compra a privados (no se expropiará), para garantizar una adecuada inversión en la infraestructura hídrica (accidentes en RM, pero también en Chiloe, Chonchi)
  • Promover la urgencia en la reforma constitucional en materia de aguas, que permita instaurar la garantía sobre el agua como un bien nacional de uso público.
  • En materia forestal
  • Chile no ha logrado reducir las ocurrencias de incendios, a nivel país, y menos la magnitud de estos.
  • Anualmente se han quemado, en promedio, 38.105 hectáreas de bosque, desde el año 2000. Esta cifra no sólo no considera las más de 200 mil ha que se encuentran incendiadas en lo que va del año 2017, sino que esconde realidades dispares. En particular:
  • Durante la década de los 90’, se incendiaron aproximadamente 350 mil ha.
  • Durante la década del 2000, se incendiaron aproximadamente 279 mil ha de bosque en Chile, lo cual significó una reducción de 20% en el decenio.
  • Lamentablemente, desde el año 2010 a la fecha, se han quemado más de 350 mil ha de bosque, lo cual significa un aumento de 26% respecto al decenio anterior. Si se suman los incendios más recientes, Chile estarían registrando una superficie de más de 570 mil ha incendiadas, equivalente a un aumento de más de 100% respecto al decenio 2000.

Por ello, los Progresistas proponemos:

  • Duplicar el número de brigadistas para que sean al menos 3.500, de manera de cubrir todo el territorio nacional.
  • Establecer convenios de colaboración con países de geografía similar, como Canadá, EEUU, España, siempre del hemisferio norte, para que durante el invierno europeo, los aviones especializados en incendios se instalen en Chile.
  • Duplicar la flota de aviones permanentes de Chile, pasando de 6 a 12, en estado operativo siempre.
  • Transformar la institucionalidad de CONAF, para que se transforme en una subsecretaria.
  • Establecer bonos de riesgos para los brigadistas.
  • Ajustar los estándares de la indumentaria para combatir el fuego, a los estándares americanos.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

Cultura: el pilar fundamental de toda construcción de identidad

  • ROL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Los progresistas entendemos la noción de cultura como el conjunto de las producciones materiales y simbólicas de una comunidad. De esta forma, la cultura es la memoria en movimiento de una colectividad. Compromete nuestro ser social y está en la base de la noción misma de ciudadanía.

Somos chilenos porque “sentimos” pertenecer a la comunidad cultural llamada Chile.

Así entendida, la cultura es el conjunto de producciones culturales cine, literatura, artes visuales, teatro, música, televisión, etc., pero también el conjunto de códigos que nos permiten existir como comunidad.

Apelar, como lo hacemos, a una transformación de la manera de entender y de practicar la política en Chile es apelar a una profunda transformación cultural.

Porque toda acción política está destinada a producir cambios culturales, planteamos que la cultura como prioritaria en nuestra práctica política.

En el terreno de las artes y de los productos culturales propiamente tales: su difusión y el acceso a ellos posibilitan la formación del espíritu crítico de los ciudadanos, indispensable para que cada uno de nosotros pueda razonar con información y autonomía.

Sólo una sociedad de ciudadanos esto es, de individuos capaces de pensar por sí solos, pues son informados y autónomos es una sociedad libre.

La democracia no consiste únicamente en una sociedad de personas incultas y desinformadas a quienes se le solicita cada cierto tiempo el voto. La democracia consiste en crear las condiciones para avanzar hacia una sociedad de individuos cultos, informados, autónomos, libres. Ese es nuestro objetivo y él ha de orientar toda política cultural.

Por ello, planteamos una verdadera revolución en materia cultural, que consiste en dotar a nuestro país de una verdadera política cultural, en reemplazo de lo que ha existido hasta la fecha, una política de distribución de recursos a los artistas. No es que esté mal, pero distribuir recursos no es sino una parte de lo que debería ser la política cultural.

Porque lo esencial es que una política cultural esté destinada a los ciudadanos, antes que a los artistas.

Nuestra política cultural no suprime el fomento a la creación artística lo corrige y mejora, pero pone en primer plano el rol emancipador de la cultura en la formación de una sociedad de ciudadanos.

Lo anterior significa que la Política Cultural debe velar por la Creación, Difusión, Formación y Acceso a la Cultura y las Artes.

A continuación se presentan algunos elementos de propuesta asociadas a los cuatro objetivos señalados anteriormente.

  • MINISTERIO DE CULTURA

Los progresistas estimamos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, debe incorporar el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y el Consejo de Monumentos Nacionales.

  • Este Ministerio deberá considerar, en su actuar, la inclusión de los ciudadanos e integrantes del mundo de las Artes y la Cultura en Chile, así como su interacción, además de preocuparse por la descentralización de la implementación de las políticas públicas en Cultura y Patrimonio. Para ello proponemos crear un Congreso Nacional de Cultura, especie de Parlamento Cultural que reunirá a representantes del mundo cultural, patrimonial, regional y ciudadano.
  • A su vez, este Ministerio contará con:
  • Un Instituto para la Promoción y Difusión de las Artes;
  • Una Dirección para el desarrollo de Bibliotecas, Archivos y Museos;
  • Una Dirección de Monumentos Nacionales;
  • Un Instituto para la creación, difusión y promoción de las culturas y las artes independientes.
  • En la actualidad, el presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes equivale al 0.3% del Presupuesto Nacional (2016), cifra tres veces superior, en términos relativos, a las del 2013. Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Cultura y Patrimonio debiese alcanzar el 1% del Presupuesto Anual Nacional, en un periodo de cuatro años. Inicialmente, en el primer año de gobierno progresista, proponemos duplicar el presupuesto en Cultura y Patrimonio, para que sea equivalente al 0.6% del presupuesto total, hasta alcanzar el 1%.
  • FOMENTO CREACIÓN Y DIFUSIÓN

Los actuales instrumentos de fomento a la creación y difusión tienen una serie de debilidades, entre las cuales:

  • No siempre distinguen entre artes.
  • No diferencian entre tipos de proyectos, vale decir, por ejemplo, entre proyectos educacionales o experimentales.
  • Suelen tener una visión utilitarista y mercantilistas de la ética y estética.

Debido a lo anterior, proponemos:

  • Establecer fondos permanentes por artes (literatura, artes visuales, artes gráficas, arte experimental, fotografía).
  • Reevaluar las condiciones de admisión y requisitos para postular, así como el perfil de los evaluadores.
  • MUSEOS Y DIFUSIÓN

Chile no solo se caracteriza por una escasez de museos, a lo largo del país, sino también por la precariedad de estos mismos:

  • No cuentan con departamentos de adquisición que les permita renovar sus catálogos y estar en sintonía con el arte contemporáneo, nacional e internacional.
  • No cuentan con fondos permanentes, ya sea para organizar exposiciones de talento consagrados o jóvenes talentos.
  • No siempre gozan de la libertad editorial necesaria para exponer obras vanguardistas, con fuerte contenido político o disidentes en términos del denominado Establishment.

Por ello, proponemos:

  • Revisar la existencia de museos a lo largo del país y las condiciones en las cuales operan.
  • Crear una Política Nacional de Museos que permita asegurar líneas de financiamiento permanente para los museos públicos, del país, con el compromiso de presentar obras de jóvenes talentos y talentos consagrados.
  • Crear Bienales que permitan difundir las artes nacionales e interactuar con el mundo cultural internacional.
  • Libro
  • Legislar en favor del denominado Precio Único

Se debe legislar para que el editorialista o el importador de libros, según el caso, y bajo la supervisión de un Comité del Libro que debiese crearse para tales efectos, sea quien fije un precio único del libro para todo el país, esto cualquier sea el distribuidor, lugar o momento en el cual se realice la venta.

Esta medida parte del supuesto de que el libro no es un bien cualquiera, sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda. Por el contrario, son bienes que no son substitutos entre sí, por lo que no deben responder a la lógica estricta del mercado.

Por lo tanto, la política del Precio Único fomenta:

  • La igualdad en el acceso, en términos de precio, a libro.
  • La existencia de múltiples distribuidores, que aseguren la calidad y variedad de la oferta (pequeñas librerías).
  • La creación literaria, toda vez que permitirá publicar y distribuir obras de difícil comercialización.
  • Reducir, en el marco de una Reforma Tributaria Integral, el IVA al libro al 5%

De manera general, los países de la OECD registran un IVA al libro no superior al 7%. A su vez, países como México, Argentina, Colombia, Hungría, Brasil y Gran Bretaña, han eliminado progresivamente el IVA al libro. Lo anterior da cuenta de la importancia que se la atribuye a este bien, como eje central de la cultura, educación y transmisión del saber.

Por ello es que proponemos reducir el IVA al libro, al igual que a los alimentos básicos, primera necesidad. Específicamente:

  • Establecer un IVA diferenciado según el producto, lo que en este caso podría significar una reducción del IVA al libro a un 7%.
  • Reducir el IVA a la prensa al 2%.
  • Editorial Nacional

Se propone evaluar la creación de una editorial nacional, que publique obras chilenas y clásicos literarios, en ediciones de bolsillo, que permitan una difusión masiva de obras consideradas fundamentales pero también contemporáneas.

Esta editorial permitirá fortalecer las bibliotecas y sus colecciones de libros a nivel preescolar, escolar y universitario.

  • Crear la denominada Tarjeta del Profesor, la cual permitirá a cada uno de los docentes de Chile, adquirir 5 libros anuales, de manera gratuita.
  • Respetar los acuerdos suscritos por Chile, en materia de Protección y Promoción de las diversidad cultural, específicamente los establecidos por la UNESCO.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

Seguridad Social: preservando el derecho y la calidad del trabajo

  • INGRESOS DE LOS TRABAJADORES CHILENOS

Según la Encuesta CASEN 2015, los trabajadores chilenos perciben en promedio $461.951 líquidos al mes, por concepto de ingresos asociados a la ocupación principal.

Sin embargo, la misma CASEN 2015 nos indica que el 53% de los chilenos gana $300.000 líquidos mensuales o menos. El promedio es más alto ya que los ingresos mayores lo suben, sin dar cuenta de la desigualdad de ingresos. Recordemos que desde el 01 de julio 2017, el sueldo mínimo es de 270.000 pesos.

Esta situación es muy dispar entre regiones. Mientras el 50% de los chilenos que habita en Antofagasta, tiene un ingreso mensual de 400.000 pesos o menos, el 50% de los habitantes de la Araucanía tiene un ingreso mensual de 250.000 pesos o menos.

Tabla 1: ingresos del 50% de chilenos según región.

  • PROBLEMAS DE LA REFORMA LABORAL DE BACHELET

Tabla 2: Distribución de ocupados

  • De cada 100 trabajadores, 60 trabajan como asalariados en el sector privado. Un poco más de 10, como asalariados del sector público, y casi 4 en el servicio doméstico.
  • En concreto, son 4.883.767 personas las que se encuentran en condición de asalariados privados y se rigen por el Código del Trabajo. Prácticamente el 60% de dichos trabajadores, laboran en empresas medianas y grandes. De hecho, un 39,6% lo hace en la gran empresa.
  • Lamentablemente, en materia laboral, Chile tiene una baja cobertura en la negociación colectiva. De esta forma, en el 95,2% de las empresas, no existen contratos ni convenios colectivos de trabajo vigentes.
  • En ese sentido, la actual legislación tiene una serie de deficiencias que atentan contra el aumento de la cobertura en la negociación colectiva, que debiese ser el eje rector de una reforma laboral progresista:
  • Situación de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas (MIPEs).

La nueva ley estableció quórums de constitución de sindicatos de, por lo menos, 8 personas. Eso significa dejar afuera a más de un millón de trabajadores, prácticamente todos quienes trabajan en las MIPEs.

  • Situación de los trabajadores con contrato por obra o faena o limitado a la temporada.
  • Ley establece que las empresas sólo estarán obligadas a negociar en el caso de que la obra o faena transitoria tenga una duración superior a doce meses, situación que no se ajusta a la realidad, puesto que el 85% de los contratos a plazo o por obra o faena, tienen una antigüedad inferior a 12 meses.
  • Esto genera incentivos perversos, además de dejar fuera de la negociación colectiva a más de 500 mil personas.
  • Situación de los trabajadores subcontratados.

La Ley deja fuera a este tipo de trabajadores, que suman más de 300.000 personas.

  • PROPUESTAS PROGRESISTAS

Los progresistas valoramos los avances cristalizados en la nueva Ley que moderniza el sistema de relaciones laborales en Chile y protege al trabajador. Sin embargo, es urgente avanzar hacia los siguientes puntos:

  • La ampliación de la cobertura de la negociación colectiva y pensar en una negociación por rama.
  • Fomentar la igualdad de género:

Se requiere fortalecer algunos derechos de la mujer trabajadora, a través de distintas medidas (por ejemplo, mejorar la información sobre diferencias de sueldo entre hombres y mujeres, a características iguales; incorporar obligatoriamente a las mujeres a las comisiones negociadoras).

  • Aumentar el salario mínimo a 300.000 en julio de 2018. A su vez, se garantiza alcanzar un ingreso ético a fin del mandato.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

Salud: hacia un sistema de salud integral de calidad

  • REFORMA CONSTITUCIONAL

Cualquier reforma en salud requiere, antes que nada, que la Constitución establezca y proclame explícitamente el Derecho Universal a la Salud, vale decir el acceso, calidad, integralidad y solidaridad y gratuidad. Esos son los cinco principios fundamentales de un sistema de salud progresista y solidario.

Esto significa cambiar el modelo sanitario actual, dejando de lado el modelo de subsidio a la demanda (voucher) para hacerse cargo de la salud en todas sus dimensiones y niveles de atención.

  • NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE FÁRMACOS

En materia de fármacos, proponemos:

  • Crear un Laboratorio Chileno de Fármacos que dependa del Estado. Esto permitirá garantizar el debido abastecimiento nacional de la APS, terminar con la especulación de precios en materia de salud, y mejorar la prevención de patologías.
  • Crear Farmacias Públicas a lo largo del país, para garantizar el acceso a medicamentos a toda la población. Estas farmacias tendrán a su disposición la canasta básica de fármacos y venderán los fármacos producidos en el Laboratorio Chileno de Fármacos, además de otros productos.
  • Prohibir y fiscalizar la integración vertical entre farmacias, isapres y clínicas.
  • Fomentar las farmacias comunitarias y garantizar la entrega de medicamentos en consultorios, a lo largo del país.
  • FORTALECER LA ATENCIÓN PRIMARIA (APS)

Proponemos mejorar la Atención Primaria de Salud, creando el Programa “Salud para todos”, el cual supone:

  • Desmunicipalizar los consultorios, garantizando la conservación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de la salud primaria.
  • Proponemos crear Agencias Regionales para la Gestión y Calidad de la APS.
  • Crear al menos 400 nuevos consultorios en el país.
  • En la APS, Chile tiene aproximadamente 1 médico por 5.000 habitantes, cuando debiese ser, al menos, 1 medico por 2.000 habitantes. EEUU tiene, en APS, 1 médico por 1.250 habitantes.
  • Mejorar la calidad de la atención:
  • Garantizar un mínimo de 20 minutos de atención por paciente
  • Mejorar la integralidad de la atención:
  • Garantizar que cada consultorio cuente, de manera permanente, al menos con un Pediatra, Ginecólogo, Fonoaudiólogo y Kinesiólogo.
  • Promover e incentivar la carrera médica en la APS:
  • Conservar el Estatuto profesional de los trabajadores de la salud primaria, que es un derecho ya adquirido.
  • Dotar a los consultorios de una mínima infraestructura, para que se puedan realizar exámenes elementales.
  • Cambiar la Ley 19.378 para ampliar los profesionales que debiesen estar en los CESFAM, con incentivos específicos acordes a eso.
  • QUÉ HACER CON LAS LISTAS DE ESPERA

Diagnóstico

  • La población inscrita en sistema público representa el 80% de los usuarios.
  • Paralelamente a los problemas de salud ya existentes, cómo las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión arterial, obesidad), aparecen nuevas enfermedades, por ejemplo, relacionadas con el cambio climático, entre otras cosas debido a la escasez hídrica.
  • El sistema AUGE tiene fallas severas desde un punto de vista ético, social, clínico y epidemiológico. Sin embargo, no existe consenso político para eliminarlo en la actualidad.

¿Qué proponemos?

  • Lo primero es señalar que el 60% de los problemas de lista de espera se podrían resolver en la APS, mientras que el 40 % restante requiere sí o sí de atención hospitalaria.

En otras palabras, alrededor del 60 % de la lista de espera podría resolverse en la APS y en los consultorios, si estos fuesen fortalecidos con tecnología, equipos médicos e insumos. Sin embargo, a falta de fortalecer la APS, los pacientes suelen ser derivados a los hospitales, sumándose de esta forma a la larga lista de espera ya existente.

  • Por tanto, se requiere:
  • Recategorizar o reclasificar los problemas con visión clínica epidemiológico, vale decir, establecer la prioridad de los pacientes según la gravedad de la patología y su nivel de complejidad.
  • Fortalecer los equipos de salud, tecnología (telemedicina), insumos y equipamiento en la APS, para dar solución a los problemas que por razones de falta de apoyo en la APS no se resuelven y se terminan derivando a los hospitales.
  • Garantizar en la APS, la presencia permanente de especialistas básicos (medicina interna, pediatría, ginecología-obstetricia, cirugía).
  • NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE HOSPITALES

En materia de hospitales, proponemos:

  • Garantizar 12.000 nuevas camas para los hospitales públicos de Chile, más las adicionales para los hospitales nuevos.
  • Creación de 20 nuevos hospitales de alta complejidad.
  • Retirar la Ley de Hospitales Concesionados que profundizan el lucro en salud, con fondos públicos. Estamos de acuerdo con licitar la construcción de los hospitales, pero su gestión debe quedar en mano del sector público.
  • Reforzar los hospitales ya existentes en todos sus ámbitos (equipo de salud, equipamiento, insumos, tecnología y la integración de todos los niveles del sistema).
  • ESTABLECER OBLIGATORIEDAD DE RENDIR Y APROBAR EL EUNACOM
  • El Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) fue creado por la Asociación de Facultades de Medicina en el año 2003. Nace de la necesidad de acreditar un mínimo de conocimientos para el ejercicio de la profesión, considerando el número creciente de facultades de medicinas y las debilidades del sistema de acreditación universitario.
  • Consideramos necesario conservar el Eunacom como requisito para trabajar en el sistema de salud pública, para garantizar que la atención en el sector público sea de igual calidad que en el sector privado.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

El deporte como política de integración, salud y desarrollo local

Hoy en día, la actividad física y el deporte se constituyen como agentes fundamentales, para establecer condiciones básicas, con el objetivo de normalizar las aberrantes diferencias en la calidad de vida de los ciudadanos, altamente condicionada al lugar de nacimiento.

El contexto sociocultural, económico y territorial condiciona el acceso al deporte. La Constitución no garantiza que todos los ciudadanos más allá de sus condiciones de origen, accedan de manera sistemática y gratuita a su práctica.

Nuestro país presenta indicadores alarmantes, que derivan en una población cada vez más patologizada física y mentalmente, y que tiene proyecciones en el corto plazo gravísimas para la salud de la población, sobre todo en nuestros niños que han aumentado de manera exponencial los indicadores de obesidad y sobrepeso. Todo lo anterior va a significar altos costos económicos para el Estado.

En Chile existe una situación post transicional epidemiológica y nutricional, caracterizada por el aumento de la expectativa de vida, la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y de obesidad. Sumado a un estilo de vida sedentario que se manifiesta de manera transversal en nuestra sociedad.

Nuestro programa se resume en DEPORTE PARA TODOS, DEPORTE SIEMPRE. Cada uno de los habitantes de nuestro país debiese ingresar al sistema deportivo nacional desde su infancia y salir de este al fallecer. Por lo tanto, la cobertura debe cubrir todo el Ciclo Vital. Nuestra propuesta aborda una permanente práctica del deporte, en todas las edades y niveles de expresión de este, ya sea lúdico, formativo, competitivo o  alto rendimiento. Una sociedad que practica deporte desarrolla un conjunto de factores protectores contra diversas patologías y al mismo tiempo aumenta su sensación de bienestar.

PROPUESTAS

A continuación, se presentan los cuatro ejes de la propuesta de Deporte y Bienestar:

  • Derecho garantizado por parte del Estado a la práctica deportiva

La constitución que nos rige no considera al deporte y a la actividad física como un derecho irrenunciable, es más, no lo entiende como una obligación por parte del aparato público, en cuanto a generar las condiciones mínimas para que la totalidad de la población pueda tener libre acceso a su práctica. La creación del Ministerio del Deporte es un paso significativo, pero no suficiente dada su arquitectura, alcance, presupuesto y marcada centralización.

Nuestro programa considera fundamental que este nuevo ministerio presente las siguientes particularidades:

  • Duplicar su presupuesto actual, en un plazo de cuatro años, para el desarrollo del Sistema Deportivo Nacional.
  • Desarrollar una Oficina Interministerial (MINSAL-MINEDUC-MIDEP), con presupuesto propio, con el propósito de elaborar políticas públicas orientadas fundamentalmente al deporte escolar, base de la desigualdad de acceso y práctica del deporte.
  • Crear un Departamento orientado a la detección y financiamiento de deportistas en las etapas previas al alto rendimiento.
  • Crear un Departamento para elaborar planes en conjunto con las universidades estatales, con el propósito de formar capital humano experto en deporte.

El Estado debe garantizar el derecho irrenunciable a contar con los espacios públicos, infraestructura, logística y recursos humanos para realizar actividad física y deporte de manera sistemática y dirigida, que sea sostenible en el tiempo y que implique permanente actualización de todos los elementos que configuran el deporte.

Asimismo, la promoción de los espectáculos deportivos de interés nacional es un mecanismo fundamental para la promoción del deporte, mediante el modelaje se promueve la actividad física, de allí la trascendencia del libre acceso de toda la comunidad a aquellas competencias que involucren deportistas nacionales.

Lo anterior obliga a la articulación de un gran Sistema Nacional del Deporte, en que confluyan los distintos niveles: organizaciones sociales y comunitarias, gobiernos locales, gobiernos regionales, Ministerio del Deporte, además de la articulación con los Ministerios de Salud y Educación. Resulta fundamental considerar el deporte y el ejercicio físico como un Sistema Global, en que las diferencias individuales estén reconocidas y validadas, siempre desde una mirada país, cuyo objetivo central sea la calidad de vida de todos los chilenos.

  • Elaboración de planes nacionales de actividad física y deporte cuyo foco este en la descentralización territorial y la validación de las realidades locales

Se debe asegurar que los recursos humanos y de infraestructura sean equivalentes en todas las zonas del país, respetando la realidad local. Sobre todo, porque dadas las condiciones de origen marcadas por la desigualdad, seguir con esta lógica sostiene y amplía la brecha entre el centro y los extremos del país.

No es solo un tema de recursos, sino de un abordaje sistémico de la realidad local. Implica el desarrollo de profesionales propios de la región para la implementación de los programas.

En esta dimensión aparece, por ejemplo, el trabajo entrelazado con educación, para que, desde las universidades estatales regionales, se desarrollen programas destinados a capacitar a los profesionales del deporte de cada una de las regiones, con el fin de adquirir herramientas propias de las prácticas de cada una de las zonas del país. Se requiere además de formación para profesionales de apoyo que complementen el trabajo multidisciplinario con el deportista, evitando el éxodo de los atletas a zonas con mayor desarrollo.

Asimismo, implementar Centros Deportivos Regionales con mayores estándares de calidad, algunos ya existentes, cuyo presupuesto sea controlado desde los gobiernos locales y sus ejes sean en dos líneas: alto rendimiento, y espacios masivos para la práctica deportiva de la población.

  • Síntesis de nuestras propuestas:
  • Nuestro programa se resume en DEPORTE PARA TODOS, DEPORTE SIEMPRE. Cada uno de los habitantes de nuestro país ingresa al sistema deportivo nacional y sale de este una vez que fallecen. Por lo tanto, se extiende durante todo el ciclo vital.
  • Lo anterior obliga a la articulación de un gran Sistema Nacional del Deporte, en que confluyan los distintos niveles: organizaciones sociales y comunitarias, gobiernos locales, gobiernos regionales, ministerio del Deporte, además de la articulación con los ministerios de Salud y Educación. Entendiendo al deporte y el ejercicio físico como un SISTEMA GLOBAL, en que las diferencias individuales estén reconocidas y validadas, siempre desde una mirada país, cuyo objetivo central sea la calidad de vida de todos los chilenos.
  • La propuesta aborda una permanente práctica del deporte, en todas las edades y niveles de expresión de este, ya sea lúdico, formativo, competitivo o alto rendimiento. Una sociedad que practica deporte desarrolla un conjunto de factores protectores contra diversas patologías y al mismo tiempo aumenta su sensación de bienestar.
  • Derecho garantizado por parte del Estado a la práctica deportiva. La matriz para el desarrollo de políticas públicas en el deporte, es sin lugar a dudas el acceso garantizado por parte del Estado a su práctica y previa promoción. La constitución que nos rige no considera al deporte y a la actividad física como un derecho irrenunciable, es más, no lo entiende como una obligación por parte del aparato público, en cuanto a generar las condiciones mínimas para que la totalidad de la población pueda tener libre acceso a su práctica.
  • El ministerio del deporte debe:
  • Duplicar el presupuesto en cuatro años.
  • Desarrollar una oficina interministerial (MINSAL-MINEDUC-MIDEP). Con presupuesto propio, con el propósito de elaborar políticas públicas orientadas fundamentalmente al deporte escolar, base de la desigualdad de acceso y práctica del deporte.
  • Crear un departamento orientado a la detección y financiamiento de deportistas en las etapas previas al alto rendimiento.
  • Implementar un departamento para elaborar planes en conjunto con las universidades estatales, con el propósito de formar capital humano experto en deporte.
  • Elaborar políticas públicas articuladas y coordinadas con los distintos actores sociales, ya sea a nivel barrial, comunal y regional. Esto mediante la creación de cabildos locales, en los conjuntamente, la ciudadanía y las autoridades establezcan las problemáticas y se coordinen acciones a implementar. Esto en la lógica de incorporar a los distintos actores sociales en el diagnóstico, implementación y solución de las problemáticas.
  • Crear un departamento que evalúe el modelo actual y diagnostiqué las deficiencias de este, promoviendo un alto rendimiento descentralizado. Se desarrollarán planes con un fuerte apoyo estatal, ya sea en recursos, implementación y apoyo técnico, otorgando las condiciones para que los deportistas de regiones puedan desarrollar las actividades deportivas en sus respectivas localidades.
  • Implementar un departamento especializado en evaluación de asignación de recursos, en todos aquellos temas que necesiten altos niveles de fiscalización, para que las decisiones respondan a criterios técnicos y se acoten a los protocolos establecidos, como por ejemplo los concursos públicos y los fondos concursables, entre otras temáticas.
  • Construcción de un centro deportivo regional. Con estándares equivalentes en infraestructura y recursos humanos, respetando y por sobre todo fortaleciendo la lógica y competencias locales.
  • Fortalecimiento del deporte escolar. Mediante competencias comunales, regionales y nacionales, e infraestructura en colegios públicos.
  • Construcción de un gimnasio multiuso en cada comuna del país.
  • Transmisión por señal abierta de espectáculos deportivos de interés nacional. Este es un mecanismo fundamental para la promoción del deporte, mediante el modelaje se promueve la actividad física, de allí la trascendencia del libre acceso de toda la comunidad a competencias que involucren deportistas nacionales.
  • Establecer un marco regulatorio que devuelva los clubes deportivos a sus socios.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

Pueblos originarios: reconstruyendo nuestra historia.

DIAGNÓSTICO

Según el Censo de 2012, 1.500.000 personas se identificaron como mapuche. La mayoría vive en RM, seguido de la Araucanía. En total, 1.800.000 personas se declararon pertenecientes a alguna etnia, en Chile.

Los pueblos originarios de nuestro país viven, mayoritariamente, en condiciones de discriminación, pobreza y exclusión, que requieren de importantes acciones afirmativas.

El caso del pueblo mapuche es extremo, tanto por el arrinconamiento en reducciones escasas de tierras y baja capacidad productiva, como por el no reconocimiento de su lengua y el no reconocimiento de sus autoridades (Rapa Nui).

PROPUESTAS

  • Una nueva Constitución que reconozca y declare que Chile es un país multicultural.
  • Exigir la aplicación de la Ley Indígena y del Convenio 169 de la OIT, que velan por la promoción de los derechos de los pueblos originarios a preservar su cultura, fundar medios de comunicación y promover el desarrollo sustentable de los territorios que habitan.
  • Establecer una Ley de Cuotas para favorecer la integración de los pueblos originarios en las instancias de decisión política.
  • Implementar la malla curricular flexible, que debiese permitir, en el caso de los pueblos originarios, impartir clases de lenguaje originario y la cultura ancestral.
  • Respetar el derecho de los pueblos originarios sobre sus territorios ancestrales y recursos hídricos, y la consideración de sus costumbres como un derecho consuetudinario indígena, que el Estado chileno debe respetar y considerar como fuente de derecho en la generación de contratos y obligaciones civiles, y en las relaciones con el Estado y sus autoridades.
  • Dejar de aplicar la ley anti terrorista a los conflictos de tierras y aguas de los pueblos indígenas.

EJE 4. DESARROLLO INTEGRAL

Inmigración: una nueva forma de integración

  • ESTIMACIÓN

Para el año 2014 se estimó cerca de 411.000 migrantes permanentes residiendo en Chile, lo que correspondería al 2,3% de la población nacional.

Si bien es un porcentaje bajo en comparación al promedio de migrantes residentes en los países desarrollados (11,3%, según cifras de la División de Población de la ONU para el año 2015), el país demuestra un crecimiento de aproximadamente un punto porcentual desde el Censo de 2002 (en 12 años se duplicó el porcentaje de población migrante con respecto a la población nacional).

Este incremento, como también la concentración territorial de la población en algunas ciudades y comunas, además del arribo de nuevos flujos migratorios racializados (en gran medida población indígena andinos y afrodescendientes), hace que la opinión pública nacional perciba que el país se está “llenando” de migrantes, aunque el bajo porcentaje de extranjeros residentes frente a la población nacional indique lo contrario.

  • PROPUESTAS
  • Garantizar programas de integración escolares para los hijos de migrantes, nacidos o no en Chile, más aún cuando no sean de habla hispana. Esto significa desarrollo de programas de apoyo escolar, en castellano y otras materias básicas.
  • Chile necesita inmigración calificada, por lo que deberíamos llamar a médicos, científicos y expertos, como en su minuto lo hicieron Canadá y Australia.
  • Agilizar la entrega de permisos de visas y permisos de trabajo, para la pronta inserción en el país.

EJE 4: DISCAPACIDAD.

Plena Integración Social de Personas con Discapacidad: Más Derechos, Menos Caridad.

Basados en la Convención Internacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006) de carácter vinculante a la Ley 20.422 para la Plena Integración de las Personas con Discapacidad, Marco Enríquez-Ominami, junto a Fundación Nacional de Discapacitados – FND, Propone 4 políticas públicas, medidas específicas y urgentes, para dar inicio a un Plan Nacional de Plena Integración Social de todas las Personas con Discapacidad, en beneficio de 3 millones de personas que viven en Chile en esta condición, más 6 millones de familiares y cuidadores (as) que les acompañan a diario.

  • Garantías de Acceso a la Salud y Rehabilitación: Para todos los niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Considerando que el 96% de personas en esta condición no accede a la Salud.
  • Pensión Básica Solidaria: Para todas las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo.
    Como una compensación ante los innumerables gastos que genera la discapacidad.
  • Tarjeta Accesible Gratuita: Transporte gratuito para todas las personas con discapacidad, para uso de buses urbanos, interurbanos de norte a sur del país, más tren subterraneo en Santiago.Esta incluirá 50% de rebaja en pasajes aéreos en vuelos nacionales. No como un favor, sino una compensación ante las innumerables barreras físicas y actitudinales que en un país como Chile, nos afectan a diario.
  • Aumentar del 1 al 4% cuota Ley de Inclusión Laboral en empresas privadas y del 1% al 2% en los organismos públicos: La Ley impulsada por FND el 2008 y que Marco apoyó el 2013, hoy es Ley de la República.

En Chile, el 90% de las personas en edad de trabajar está cesante.

EJE 5. CHILE, UNA REPÚBLICA DESCENTRALIZADA, LAICA Y MODERNA

Mejorar el acceso y calidad de la información

  • DIAGNÓSTICO

En Chile, el Artículo 19 de la Constitución consagra el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el derecho fundamental de acceder a la información y, más genéricamente, el derecho a recibir todo tipo de informaciones se ve fuertemente obstaculizado debido a:

  • La fuerte concentración económica que caracteriza el mercado de las comunicaciones (medios escritos, televisión, radio),
  • La ausencia de políticas públicas tendientes a fomentar la creación y circulación de nuevos medios de comunicación.
  • Concentración en los medios chilenos
  • El 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar resolvió autorizar “solamente la emisión de los siguientes diarios: El Mercurio y La Tercera de la Hora”, advirtiendo que “la emisión de todo otro órgano de prensa escrita que no sea la debidamente autorizada será requisada y destruida”. Lo anterior implicó el cierre de un conjunto de medios contrarios a la dictadura, entre los cuales figuraban “Clarín”, “La Prensa”, “Puro Chile”, “Tribuna”, “El Siglo”, “Las Noticias de Última Hora” y “La Tarde” (Couso, 2012).

Esta medida rompió con el sistema democrático de comunicación que había caracterizado al país por más de cincuenta años. Al terminar la dictadura, ni la Concertación ni Piñera se preocuparon de revertir esta situación.

En la actualidad, el mercado chileno de la prensa escrita se encuentra dominado por dos empresas, El Mercurio (dueño del diario del mismo nombre, Las Últimas noticias, La Segunda y más de 20 diarios regionales) y el Consorcio Periodístico de Chile (COPESA), el cual posee gran parte de los diarios de circulación nacional.

Si bien el número de lectores de los medios escritos es inferior al número de televidentes, la prensa escrita “juega un rol relevante en la determinación de la pauta del resto de los medios de comunicación en radio, televisión y digitales” (Couso, 2012).

El mercado radial también se caracteriza por una estructura oligopólica, con la presencia de cuatro consorcios que concentran el 70% del mercado.

En cuanto a la televisión, cuatro canales de televisión abierta se reparten el 95% de la audiencia nacional y de los ingresos publicitarios, a pesar de la recién baja debido a la oferta existente en el cable.

  • Libertad de expresión restringida
  • Según el ranking de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 2015, Chile pasó del puesto 24 a 33, entre 2002 y 2016, producto de la concentración de los medios de comunicación y de la discriminación a las radios comunitarias en relación con las radios comerciales. Ya en 2012, el informe planteaba que “la prensa chilena padece una dramática concentración de los medios de comunicación, que se encuentran en manos de dos grandes grupos de comunicación: Copesa y El Mercurio”, agregando en cuanto a la comunicación comunitaria que “disponen de poco margen de acción en un espacio radiofónico que pertenece en más de 60% al grupo español Prisa” (Reporteros Sin Fronteras, 2012b).
  • Débil presencia pública en los medios de comunicación chileno
  • En 2012, el Gobierno de Piñera anunció el cierre del diario La Nación, único medio escrito del cual el Estado era propietario mayoritario en un 70%. El gobierno justificó esta decisión alegando que el Estado no debe tener un medio de comunicación. Por su parte, Bachelet no se preocupó por reabrir La Nación y restablecer el rol del Estado en la materia.
  • Po otra parte, la señal televisiva nacional (TVN) está sometida al rating y los parámetros de funcionamiento de una empresa privada, careciendo totalmente de un proyecto editorial público, que incorpore contenido educativo e informativo de calidad.
  • A su vez, el Consejo Nacional de Televisión no goza de la independencia necesaria puesto que sus autoridades son electas políticamente, perdiendo autonomía frente al Ejecutivo.
  • PROPUESTAS

La libertad de expresión y el derecho a la información son dos garantías fundamentales en un orden democrático. En efecto, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile, consideran la libertad de expresión como una garantía fundamental que el Estado debe proteger.

Como la libertad de expresión implica el derecho al acceso a fuentes de información verídicas, es rol del Estado garantizar la libertad de prensa y condenar cualquier acto de censura. Sin embargo, la concentración de los medios afecta el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información, puesto que restringen la pluralidad y diversidad que debiese existir.

Este problema no es propio a Chile. De hecho, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA definió como un problema urgente a resolver en América Latina, el limitar la hegemonía discursiva y el control de la agenda informativa que generan los distintos monopolios y oligopolios en la región.

Propuesta

Chile requiere de una intervención del Estado de manera que el mercado de las comunicaciones no se transforme en un monopolio u oligopolio (estructura recurrente en la economía chilena), que limite la libertad de expresión y el derecho a la información.

Lo anterior supone actuar en cuatro niveles:

  • Terminar con la concentración económica de los medios en Chile.

Se debe crear un sistema regulador que garantice la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación. Lo anterior supone regular la adquisición y concentración vertical y horizontal de los medios de comunicación en Chile.

  • Corregir los mecanismos de asignación de recursos publicitarios públicos, evitando la discrecionalidad y la posible censura indirecta, de acuerdo a la Declaración Interamericana sobre libertad de expresión. La actual forma de entregar recursos públicos ha contribuido a la desaparición de varios diarios nacionales (Fortín Mapocho, La Época, El Metropolitano, Diario Siete y Diario Uno) que no pudieron acceder a ellos y tampoco a publicidad privada debido a sus líneas editoriales.
  • Garantizar la oferta pública:

Es necesario crear un medio escrito público que garantice pluralidad de la información, así como una imprenta estatal, que garantice la impresión de prensa escrita cualquier sea su línea editorial, siempre en el marco del respeto de los principios republicanos y constitucionales básicos.

  • Mejorar la infraestructura comunicacional en regiones, de manera que se fomente la proliferación de medios locales y el uso de TIC.
  • Desarrollar programas sociales que busquen aumentar cobertura y utilización de computadores e internet.

EJE 5. CHILE, UNA REPÚBLICA DESCENTRALIZADA, LAICA Y MODERNA

Igualdad de género: promesa incumplida.

INTRODUCCIÓN

Nuestro país requiere con urgencia de una política pública integral, transversal e interministerial, que ponga fin a las desigualdades entre hombres y mujeres, y alcance la anhelada paridad de género. Lo anterior significa comprometerse en múltiples dimensiones:

  • EN MATERIA DE EMPLEO

Proponemos:

  • Más y mejores jardines infantiles

Fomentar una adecuada conciliación entre vida familiar y profesional, mediante la distribución de las responsabilidades parentales y el desarrollo de infraestructura y servicios de cuidado de menores. La dualidad familia-trabajo suele atentar contra la evolución profesional e independencia económica de las mujeres, relegándolas a trabajos a tiempo parcial y provocando repetidas interrupciones en sus trayectorias laborales.

Entre otras cosas, se requiere mejora el desempeño de los jardines infantiles y las salas cunas, así como la confianza que estos generan en las madres. En efecto, la encuesta Familia, Maternidad y Crianza Bicentenario, del 2011, única hasta la fecha, indica que tan solo 29% de las madres “confían” en las salas cunas y 37% confían en los jardines infantiles, cifras absolutamente desalentadoras para el propósito de estos centros.

  • Terminar con la desigualdad salarial

Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, a características iguales. En Chile, a pesar de la Ley 20.348 que consagra el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, los sueldos de las mujeres son, en promedio, 46,1% más bajo que el de los hombres, por el mismo trabajo.

  • Reducir la segregación horizontal del mercado laboral, esto es la concentración de mujeres en sectores profesionales que tienen menor valoración y suelen ser peor remunerados.
  • Reducir la segregación vertical del mercado laboral, vale decir aumentar la proporción de mujeres en cargos de alta responsabilidad a nivel empresarial y aumentar la participación femenina en los cargos de representación popular. En Chile, la participación femenina en cargos de representación popular es menor al 20%, versus un 38,5% en Argentina y un 40% en Costa Rica, en donde la legislación establece que el 40% de las candidaturas para puestos de elección popular deben ser llenadas por mujeres.
  • EN MATERIA DE ACOSO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Proponemos:

Erradicar la violencia contra las mujeres, es decir todo acto de violencia basado en el género que tenga como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

  • A NIVEL COMUNICACIONAL

Proponemos:

  • Enfrentarse a los estereotipos sexistas, mediante acciones de sensibilización, en particular a través del papel de los medios de comunicación;
  • Informar a la opinión pública y mejorar la comprensión de la problemática de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad.
  • EN MATERIA DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN

Proponemos legislar en favor de los derechos de reproducción de las mujeres, esto es:

  • Fomentar la educación sexual y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH/SIDA.
  • Asegurar el acceso a métodos anticonceptivos en todos los consultorios del país.
  • Asegurar una atención adecuada, oportuna, humanizada y confidencial en caso de embarazo juvenil.
  • Despenalizar el aborto terapéutico y sacar adelante el actual proyecto de ley.
  • Maternidad y empleo

Como se señala anteriormente, la presencia de salas cunas y jardines infantiles es fundamental para conciliar la vida familiar y profesional de las mujeres. Por ello, es necesario:

  • Aumentar la cobertura de salas cunas y jardines infantiles a lo largo del país hasta llegar a un 100%.
  • Definir la obligación para cada colegio municipal y subvencionado, de proporcionar actividades recreativas y extra escolares, para aquellos niños y estudiantes no afectos a la jornada escolar completa. De esta forma, las madres y padres tendrán la posibilidad de dejar a sus hijos en sus escuelas respectivas para que realicen actividades extraescolares, sin incurrir en gastos financieros adicionales por no tener con quien dejar a los hijos después de la jornada escolar.
  • LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN

Con el objeto de aumentar la participación femenina en cargos de representación popular, se propone legislar para establecer una cuota mínima de 30% de mujeres electas en los cargos de elección popular.

***

EJE 5. CHILE, UNA REPÚBLICA DESCENTRALIZADA, LAICA Y MODERNA

Nuevo pacto con las regiones.

  • DIAGNÓSTICO

Político

  • Chile es una República exageradamente centralizada, situación consagrada en la Constitución.
  • El Capitulo sobre Gobierno y Administración Regional de la Constitución establece:
  • La existencia de un régimen presidencialista centralizado, en donde el Intendente es de exclusiva confianza del Presidente de la República y no electo directamente y democráticamente por la ciudadanía (Art. 111 Constitución).
  • El Intendente es quien coordina y fiscaliza los servicios públicos de la región y la transferencia de recursos desde el nivel central, conforme a criterios pre determinados en el propio nivel central.

Económico y social

  • Chile sufre de una gran desigualdad económica, social y cultural, la cual se expresa no solo entre regiones sino también entre comunas.
  • La región de Antofagasta tiene una pobreza por ingreso de 5,4% mientras que la región de la Araucanía tiene una pobreza de 23,6% (Casen 2015).
  • A su vez, esta disparidad se expresa a nivel comunal:
  • Mientras la comuna de Cañete, en el Biobío, tiene un a pobreza de 38.1%, Vitacura, en RM, tiene una pobreza de 0.1%.
  • Urge por tanto una descentralización no sólo política, sino económica y administrativa.
  • PROPUESTAS

La división política y administrativa debe dar cuenta de la realidad territorial del país (social, económica, cultura, etc.), al mismo tiempo que permita la coherencia y expresión de la identidad de las comunidades respectivas.

A su vez, la división política y administrativa de Chile debe dar cuenta de cómo nos proyectamos a futuro, a cincuenta años plazo, en términos de definir cuáles serán los polos culturales, económicos, científicos, etc., del país.

La discusión sobre el mejoramiento de la gestión pública no puede desvincularse de la discusión sobre descentralización hacia regiones y hacia comunas, a nivel político, fiscal y administrativo.

Por ello proponemos, entre otros:

  • A nivel político:

Consultas Ciudadanas en la más amplia gama de materias de interés público, ya sea a nivel local, regional y nacional. Serán vinculantes, según criterios específicos (nivel de compromiso fiscal que supone, entre otros).

  • A nivel administrativo:
  • El traspaso de servicios y programas desde el nivel central al nivel regional y municipal. Por ejemplo, programas de capacitación, discapacidad, infancia, prevención del delito, etc.
  • El traspaso de este tipo de programa debe considerar, sí o sí, los recursos humanos, administrativos y financieros para que puedan ejercerse debidamente.
  • Creación, en cada Gobierno Regional, de una unidad encargada de apoyar la coordinación y articulación entre el gobierno regional y local de estos programas.
  • A nivel fiscal:
  • Proponemos que una parte de royalty a la minería se quede en la región en la cual se encuentra la explotación.
  • Proponemos crear una patente comercial eléctrica, que deberá pagar cada central al municipio en donde se genera su impacto directo. El 50% de la patente debiese quedar en el municipio y un 50% en la región.
  • Proponemos crear una partida presupuestaria denominada “Rentas regionales“.

Cada Ministerio deberá consensuar con cada una de las regiones, una partida destinada a financiar aquellos ejes que el gobierno regional decida desarrollar durante el año fiscal en cuestión.

EJE 5. CHILE, UNA REPÚBLICA DESCENTRALIZADA, LAICA Y MODERNA

Diversidad sexual: más que un slogan

  • DDHH, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inherentes a toda persona por su sola condición humana, y sin distinciones de ningún tipo, igualdad social, política, económica, cultural y jurídica

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los Derechos Humanos, pues garantizan las libertades, la seguridad y las condiciones básicas para que las personas puedan atender sus necesidades con dignidad. Algunos de esos derechos son:

  • El derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo y sexualidad.
  • El derecho a manifestar públicamente los afectos.
  • El derecho a decidir con quien compartir la vida y la sexualidad.
  • El derecho al respeto de la intimidad y vida privada.
  • El derecho a vivir libre de toda discriminación.
  • El derecho a la educación sexual.
  • PROPUESTA
  • Los progresistas creemos y defendemos el matrimonio igualitario.
  • Ley de identidad de género:
  • De momento, la Ley en tramitación contempla que solo personas mayores de 18 años podrán cambiar su nombre y sexo legal, en el Registro Civil, siempre y cuando presenten certificados médicos para realizar el proceso.
  • Los progresistas creemos que esta ley debe incorporar a adolescentes, siempre que así lo deseen y cumplan con los demás requisitos.
  • Si bien Chile cuenta con la Ley 20.609, más conocida como «Ley antidiscriminación» o «Ley Zamudio», lo cierto es que el mismo Estado discrimina en una serie de materias, según género, por ejemplo, en materia de adopción, debido a la definición de familia, que deriva de la actual definición de matrimonio. Los progresistas proponemos terminar con ese tipo de discriminación por parte del Estado.

EJE 6. EL ROL DE CHILE EN LA REGIÓN Y EN EL MUNDO:

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

  • PROPUESTA

Chile se enfrentará, en los próximos cuatro años, a un escenario internacional muy diferente al de años anteriores. Mientras que a nivel regional, los desafíos bilaterales y multilaterales son múltiples, la correlación de fuerzas y geopolítica entre los grandes bloques tradicionales, se empiezan a mover. Por último, la sociedad civil se organiza de manera transversal e internacional, en torno a causas comunes como el cambio climático.

Considerando las importantes transformaciones internacionales que enfrentaremos como país, proponemos un Nuevo Diseño de Política de Relaciones Exteriores, con un enfoque de largo plazo, que supere el periodo presidencial y en lo posible, se extienda hacia una mirada de cincuenta años. Es decir, un modelo de RREE que pueda responder a una pregunta esencial: ¿cómo queremos que Chile se posicione en el concierto internacional en las próximas décadas?

  • PROPUESTA

Proponemos un nuevo Programa de RREE que incorpore los siguientes aspectos:

  • La importante apertura económica de Chile hacia el exterior exige revisar la formación y selección del personal diplomático, de manera que se alcancen los estándares internacionales de esta carrera, tanto en la formación como en las condiciones laborales de los funcionarios.
  • Al terminar la bipolaridad EEUU-Rusia, en particular desde las últimas elecciones norteamericanas, surgen nuevos actores internacionales con los cuales Chile debe profundizar su relación.
  • El envejecimiento de la población chilena y la apertura de las fronteras requieren una política migratoria para los próximos veinte años.
  • El presente es el siglo del Océano Pacífico. Habiendo fracasado el TPP, tal cual lo señalamos en su minuto, creemos que se debe fomentar una política dinámica con Asia Pacífico y China, fomentando las triangulaciones con países de nuestra región y el Acuerdo Alianza del Pacífico. Chile ha de ser el país puente y puerto entre América del Sur, África y Europa y Asia Pacífico-China.
  • América Latina se alza como una nueva potencia. Proponemos por ello una opción preferente por América Latina en sus procesos de integración: UNASUR, CELAC, ASA, ASPA, fortaleciendo así nuestras relaciones Sur-Sur.
  • Es necesario fomentar las relaciones con EEUU en el campo científico y tecnológico, tanto a nivel federal como de Estado Nación.
  • Se deben potenciar las relaciones con África y los países de Europa no miembros de la UE. Adquiere especial relieve el desarrollo de las PYMES a través de las relaciones Sur-Sur.
  • EL MINISTERIO DE RREE

Ninguna estrategia de RREE puede tener éxito sin un cuerpo diplomático de primer nivel, que esté en condiciones de implementarla. Por ello proponemos una nueva Institucionalidad en el Ministerio de RREE, que replantee áreas tales como:

  • El respeto a la carrera funcionaria y el término absoluto del pituto como argumento para acceder a los grados y destinaciones.
  • Los Embajadores deberán ser designados por simple mayoría del Senado.
  • Se debe realizar una ampliación efectiva de las plantas de funcionarios, de manera que la gran mayoría de los profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, que actualmente se encuentran a contrata o a honorarios, -pudiendo ser despedidos en cualquier instante-, accedan sin discriminación a todas las funciones en Chile y en el exterior.
  • Transformación sustancial de la Academia Diplomática (ACADE) para preparar negociadores de excelencia.
  • Restructuración de la AGCI-CONICYT que permita exportar a Chile a través de becarios extranjeros que vienen a educarse al país.
  • Transformar toda la DIRECON en una Subsecretaría (en vez de crear una nueva subsecretaría que duplique sus funciones), y terminar allí con las discriminaciones históricas (de todos los gobiernos) de forme que se respete la carrera diplomática económica.
  • Consolidar el rol internacional de las regiones de Chile, dándoles autonomía tanto en turismo como en migraciones.
  • Crear un Consejo Asesor de Relaciones Internacionales que integre a representantes de diferentes Ministerios.