A partir del éxito del salvataje de los 33 mineros, este gobierno quiere acostumbrarnos, al igual que todos los gobiernos del mundo occidental al menos, a “grandes golpes” comunicacionales: ahora, el presidente ofrece, nada menos que una revolución en la educación, “la más importante en los últimos cincuenta años”, dice Sebastián Piñera

, sólo comparable con la de Eduardo Frei Montalva, en los años sesenta. Si leemos el contenido de la propuesta gubernativa podemos colegir que la grandilocuencia de los términos no tiene nada que ver con su contenido – cualquier ciudadano podría acusarlo ante el Sernac de publicidad engañosa-.

 

 

Las susodicha “revolución” ha recibido una serie de denostaciones: para el presidente del Senado, “es una lista de supermercado”; para el líder de Educación 2020, “es pura confusión”; para otros especialistas en educación, “pretende vender gatos por liebres”. El ministro de Educación, siempre ha tenido talento para golpes mediáticos y a llamativas políticas cosistas, pero en su reforma anunciada lo que debemos debatir no es lo que incluye la misma sino lo que omite, la reforma constitucional que obligue al Estado a garantizar educación de calidad y que gire el eje desde un sistema de demanda hacia uno de oferta en educación en general en Chile.

El actual gobierno ha implantado un verdadero culto a los indicadores, lo que en sí mismo no es malo sino que como única meta sí es al menos reprochable: todas las políticas públicas son susceptibles de ser medidas; cada ministro debe cumplir metas precisas y con fechas para ser evaluadas – es algo así como el personaje de El Pricipito, que sólo jugaba con las cifras sin entender que lo esencial es invisible-. El SIMCE se ha convertido en el único indicador válido para medir los resultados educacionales, siendo muy limitado como predictor de logros educativos y, mucho más, de resultados cualitativos y valóricos.

En base a esta manía neoliberal de endiosamiento de los indicadores se le exige al ministro de Educación aumentar en diez puntos el SIMCE de Cuarto Básico, durante los cuatro años del gobierno de Piñera; además, debe conseguir que el 50% de los alumnos de pedagogía deberán ingresar con más de seiscientos puntos al final del período – en la actualidad es solamente el 10%.

Es necesario distinguir entre educación, enseñanza y domesticación. Pablo Freire hablaba, con razón, de la “educación bancaria”, que es la que se aplica actualmente en Chile. En el caso del SIMCE y de PSU se trata de entrenar a los alumnos, desde el día en que comienzan las clases – mes de marzo- para responder las preguntas de alternativas de selección múltiple que contienen estas pruebas. Poco importan los objetivos congnitivos, las competencias docentes y, mucho menos, los objetivos llamados transversales o incluso los aspectos emocionales y racionales de todo proceso educativo.

En el famoso cajón del sastre es necesario distinguir las reformas elitistas de aquellas que constituyen un aporte positivo para la educación:

Entre las primeras están las “luces del semáforo”, sistema que existía antes sin el colorido de las señales del tránsito para quienes avanzan muy rápido, que se envía a los padres y apoderados sobre las escuelas se su sector- una clara medida segregacionista – así también como los famosos “Liceos emblemáticos”, que ahora aumentan de cincuenta a sesenta y que no encarnan la falla del sistema pero que succionan a los mejores alumnos de los colegios públicos, con el objetivo de formar una pequeña minoría de estudiantes selectos, completamente aislados de los institutos educacionales, destinados a educar a los más pobres. Los países modelo a los cuales Chile quiere imitar hacen todo lo contrario: la educación en su integridad es pública y se mezclan los alumnos talentosos con los deprivados sociales y culturales.

La llamada “reforma curricular”, que aumenta las horas de matemática y lenguaje restándole a ciencias sociales y educación tecnológica, ha sido justamente criticada por los especialistas, pues no constituye ningún cambio fundamental: ya se estaba implementando en el currículum de libre disposición de los colegios; el hecho de aumentar las horas lectivas no asegura, necesariamente, mejoras en el aprendizaje – no por tener más horas los alumnos de Cuarto Básico comprenderán lo que leen-; al parecer, el objetivo que se persigue es adiestrar a los alumnos para logra mejores puntajes en la prueba SIMCE – para que el ministro de Educación pueda lograr su meta. Nosotros no queremos que le vaya mal per se, pero sí que no nos haga perder más tiempo, que nuestros hijos, los de la nación toda, tengan un ministro que se equivoque menos y escuche más.

Las ciencias sociales son fundamentales en la educación y cultura de los alumnos. Por lo demás pueden, perfectamente, desarrollar las competencias y capacidades de compresión lectora, mediante una integración holística de todas las asignaturas dando una visión de totalidad y de concepción del mundo y la vida. Es un error entender las asignaturas como compartimentos estancos; por lo demás, el comienzo del saber es la curiosidad y para ello, la disciplina histórica es un instrumento fundamental.

Sería torpe no reconocer algunos aportes importantes contenidos en la propuesta de reforma educacional: por ejemplo, la beca para los estudiantes de pedagogía, que financia la carrera para aquellos alumnos que obtengan sobre 600 puntos en la PSU, además de una mesada de 80 mil pesos para los estudiantes que obtengan 700 puntos y el “combo” de una pasantía para los de 720 puntos y más. El único problema es que la PSU es un insuficiente y hasta pésimo predictor para la educación superior.

Dentro de las medidas positivas, además, está el incentivo para la jubilación de los profesores: 20 millones para los profesores de tiempo completo y 2 y un millón para los profesores que no tiene horario completo. Otra medida positiva es el nombramiento de directores de Liceos por concurso de Alta Administración Pública, siempre y cuando el gobierno respete esta normativa – pues hasta ahora ha hecho lo contrario con otros funcionarios -.

El aumento de un 30 por ciento, en base a la prueba Inicia, que ahora sería obligatoria para todos los egresados de pedagogía, tiene el inconveniente de que sólo considera los créditos académicos del futuro profesor, y no su desempeño en aula.

A mi modo de ver, lo más importante de cualquier reforma educacional debe consistir en igualar la subvención de los alumnos pobres con la de aquellos que estudian en los colegios particulares, es decir, que el hijo de un diputado tenga la misma educación de calidad que la del hijo de un poblador. En términos monetarios, la subvención educacional debería ser de 300 mil pesos para cada niño chileno. El aumento de 60 mil a 80 mil pesos es positivo, pero muy insuficiente.

El proyecto no da cuenta de reformas fundamentales como lograr, en estos cuatro años, una cobertura del 100 por ciento en educación parvularia que es el eje de toda política de equidad educacional, pues los primeros años de vida, hasta el Cuarto Básico se juega el futura de los niños chilenos –quien no entiende lo que lee está condenado, como Machuca, a limpiar las letrinas de la empresa de Infante-.

El proyecto nada aporta sobre el traspaso de las escuelas municipales al Estado pues, lógicamente, su matriz neoliberal no se lo permite. Nuevamente se obvia este tema central de una verdadera revolución educacional.

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