Las transformaciones la hacen los herejes, pues son ellos los que rompen con lo establecido para finalmente esculpir la historia. Sin estos herejes, América Latina sería aún colonia de España. El valor de la Presidenta de Argentina es precisamente atreverse a transgredir las verdades incuestionables que impuso el pensamiento económico liberal en los 90. Pero no lo hace sola. Estamos viviendo un momento donde son los propios pueblos los que cuestionan a sus democracias y exigen dejar de supeditar su búsqueda de bienestar a los mandatos del sistema financiero.
Tres veces en la historia contemporánea de Argentina (Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los herejes), se han atrevido a quebrar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En la primera, respecto al pago de los bonos del Estado argentino a sus acreedores, lo que permitió que este país no sólo saliera del default, sino que creciera sostenidamente. La segunda vez fue la nacionalización de los fondos previsionales y que los agoreros lo anunciaron como un verdadero cataclismo. En la tercera oportunidad, Cristina se atreve a nacionalizar el 51% de YPF, en manos de la empresa española Repsol.
Han sido estas banderas las que han permitido a estos dos grandes líderes ser votados por la mayoría de los argentinos. Los medios conservadores no dudan en salir a excomulgar estas ideas, pero callan el nefasto resultado que significaron para el pueblo argentino la aplicación de las ideas ortodoxas neoliberales. Recordar a los bancos, españoles varios de ellos, huyendo con los ahorros de todos los argentinos a fines de los 90, parece no estar en la hemeroteca editorial de estos medios, pero sí en el recuerdo de la ciudadanía, y de ahí el apoyo mayoritario a las decisiones políticas-económicas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Rajoy, el 2008, señalaba que un país que entregara sus recursos naturales a una empresa extranjera era propio de un “país de quinta categoría”. En esto, el líder conservador tiene razón. Es vital que nuestros Estados tengan el control sobre sus recursos naturales, en particular los no renovables. En un mundo donde estos recursos tendrán cada día mayor importancia en el desarrollo de los países, se hace imprescindible tener control sobre ellos.
Los progresistas creemos que también ha llegado la hora que en nuestro país revisemos la legislación en materia de recursos naturales. Es legítimo y necesario que revisemos un marco jurídico que fue diseñado bajo la dictadura y hace más de 30 años, donde las condiciones internacionales de acceso al financiamiento eran diferentes. El Decreto Ley 600, el Código de Aguas, el Código Minero, por indicar algunos, son necesarios de revisar a la luz de los desafíos de desarrollo productivo y de equidad de nuestros país.
Esta es la discusión que se está dando actualmente en el mundo entero sobre el rol de estos recursos y la gobernanza pública de ellos. No podemos seguir atrapados en el fundamentalismo ideológico neoliberal, aunque sus medios y voceros conservadores nos terminen acusando de herejes.