Marco Enríquez-Ominami
Presidente Fundación Progresa
En Chile, el debate político económico suele alimentarse de las proyecciones que hace el organismo internacional de turno respecto al crecimiento económico del país. Recientemente, el FMI ajustó el crecimiento proyectado de Chile, para el año 2016, el cual pasó de 2.2% a un 1.5%. La confirmación de un crecimiento a la baja, por quinto año consecutivo y con el precio del cobre muy por debajo del boom conocido hace unos años, obliga a cuestionarse sobre las estrategias de los últimos gobiernos para impulsar el tan anhelado crecimiento de Chile.

Quizás, lo primero sea recordar que no es la primera vez que Chile conoce bajas en su tasa de crecimiento. Lo mismo ocurrió a principios del 2000 y a partir del 2005, cuando el crecimiento pasó de 6.3% a menos de -1%. Sin embargo, resulta preocupante y a estas alturas inexplicables que los diferentes gobiernos de turno, sea el gobierno de Lagos, Piñera o el actual, no hayan logrado enfrentar la baja en materia de competitividad y productividad en Chile, confiando en una estrategia de desarrollo a todas luces riesgosas. Esto es basada principalmente en un modelo productivo extractivo sustentado en los altos precios de los recursos naturales. La falta de innovación y capacidad de reacción de los agentes económicos chilenos y los gobiernos a cargos de las políticas económicas se han traducido en políticas sucesivas de bonos en caso de baja de crecimiento y en una indebida utilización de la situación económica como discurso político para evitar reformas. De esta forma, los conservadores, sean de derecha o de la Nueva Mayoría, utilizan sistemáticamente los vaivenes económicos para evitar la implementación de reformas claves, como la reforma laboral, que en todo caso mejorarían la productividad al interior de las empresas, como ha sido ampliamente señalado por la propia OIT.

Nadie duda de que los bonos sean urgentes y necesarios en un país que aún tiene comunas con más de 40% de pobreza. Pero lo anterior no es excusa para que el Gobierno no asuma que el Estado es un agente fundamental en materia económica y que su rol, entre otros, debe ser el de reactivador económico en caso de crisis. En otras palabras, el Estado debe ser capaz de realizar inversiones contracíclicas pero tendrá que ponerlas a cargo de privados, puesto que sabemos qué en Chile el Estado no tiene la capacidad de implementar esas inversiones. No cabe duda que definir el tipo de inversiones y focalizarlas constituiría un empuje a la demanda local que podría reactivar la economía.

Una inversión contraciclica es perfectamente viable por la vía de la utilización de parte del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este fondo, que fue creado en 2007 con el objeto de atenuar el impacto de los vaivenes de la economía internacional, supera en la actualidad los US$ 14.500 millones. Por tanto, la propuesta sería desarrollar un Plan de Inversión Pública, de carácter contra cíclico, en infraestructura, específicamente en Educación y Salud, que tenga efectos en el corto plazo, es decir en no más de dos años. Este Plan de Inversión, de 6.000 millones de USD, se traduciría en licitaciones (no concesiones) en infraestructura en educación y salud pública, específicamente en la construcción de consultorios y hospitales, revirtiendo lo que ha sido la política de concesiones en salud. La ventaja de esta medida es la posibilidad de incentivar, en una alianza público-privada, la demanda y consumo interno. Es decir que es el Estado quien decide la focalización del gasto, empujando la contratación y aumento de empleo, vía ejecutores privados, considerando lo señalado anteriormente, es decir que el Ejecutivo no tiene como desarrollar infraestructura.

No sería la primera vez que el Estado utiliza el FEES para enfrentar un ciclo económico complejo. Ya lo hizo en 2009. La diferencia está en asumir que el rol del Estado no se circunscribe a la entrega de bonos, sino también a ser un agente económico clave, cuya rol y responsabilidad es el privilegiar ciertas inversiones con alto rendimiento social, más aún si permiten reactivar la demanda y crecimiento.

 

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