Catedráticos iberoamericanos respaldan a Marco Enríquez-Ominami y rechazan actuar del Estado de Chile ante privación y restricción de sus derechos políticos previo a una sentencia condenatoria

A través de una declaración pública, representantes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, juristas y políticos internacionales, apoyaron la decisión del excandidato presidencial de recurrir a instancias internacionales para recuperar sus derechos políticos, y comprometieron hacer seguimiento del caso para garantizar un debido proceso.

En el marco de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentada por el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, para pedir que se restablezcan los derechos políticos que le fueron suspendidos y que le impiden sufragar en año emblemático y de múltiples elecciones, esta semana, el fundador del Grupo de Puebla recibió nuevas muestras de apoyo.

En esta oportunidad, catedráticos y profesores de Derecho iberoamericanos, avalaron la decisión de Enríquez-Ominami de recurrir a organismos internaciones, y solicitaron a la Comisión con sede en Washington, que se acoja su solicitud “disponiéndose el restablecimiento de los derechos fundamentales ilegítimamente perturbados”.

A través de un Amicus Curiae –escrito legal realizado por ajenos al proceso legal para exponer su opinión o punto de vista frente a algún punto de derecho, buscando colaborar con el tribunal al momento de dictar sentencia- académicos argentinos, mexicanos, españoles y brasileños concluyeron que han ocurrido hechos graves en perjuicio del exdiputado durante todo el periodo de indagatorias de la Fiscalía en su contra.

Ello, porque el exparlamentario ha sido privado de su derecho a sufragio y de sus derechos políticos en virtud de una acusación del Ministerio Público, sin que exista condena penal o resolución de algún Tribunal; y se ha excedido el plazo razonable, ya que, pese a que van casi 6 años de investigación penal,  aún no se realiza la Audiencia de Preparación de Juicio Oral y no existe fecha probable para el Juicio.

“La restricción de derechos políticos de quien sólo ocupa la posición de acusado en un procedimiento penal, se torna en un anticipo y exceso punitivo por parte del Estado o, en los términos detallados en esta presentación, en pura violencia, un acto hostil o tiránico que apremia remediar”, detalla la opinión legal firmada por Franco Bartolacci, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Darío Maiorana, miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Rosario, Argentina; Carlos Silva, del Instituto de Derecho Público y Colegio de Abogados de Rosario, Argentina; Lucas Machado Fagundes, de la Universidad do Extremo Sul Catarinense, Santa Catarina, Brasil; Alejandro Medici, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina; Mylai Burgos Matamoros, de la UACM de México; y David Sánchez Rubio, de la Universidad de Sevilla, España.

La denuncia en cuestión fue presentada por Enríquez-Ominami el pasado 22 de diciembre, escrito en el que se alude a la vulneración de su presunción de inocencia y a la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Muestras de apoyo

El escrito legal en favor de Enríquez-Ominami se suma otras muestras de apoyo internacional, entre las que destacan las recibidas por miembros de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal); del coordinador general de la Internacional Progresista David Adler; del exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza, y del senador colombiano Gustavo Petro, quienes se comprometieron hacer seguimiento del caso para garantizar un debido proceso.

También se pronunciaron en respaldo al excandidato presidencial los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y su par de Ecuador Rafael Correa, quienes afirmaron que la acusación contra Enríquez-Ominami “se trata de otra guerra jurídica -lawfare- a través de las que se está persiguiendo a líderes progresistas de la región coartando sus derechos políticos a elegir y ser elegidos, su movilidad o su arraigo geográfico”.